Incidencia del Tribunal Constitucional Chileno en Políticas Públicas: Aproximación Desde los Casos de la Píldora del Día Después y de la Tabla de Factores de Riesgos de las Isapres

Abstract

En el 2005 se da una de las reformas más importantes en materia de integración y atribuciones del Tribunal Constitucional chileno, lo que supuso para muchos, un cambio en las relaciones con el Ejecutivo y el Legislativo y un comportamiento más activista en temas de políticas públicas y derechos sociales. Esto conllevó a plantear como pregunta de investigación del presente trabajo académico ¿cuáles son los efectos de su nueva forma de comportarse frente a las políticas públicas y cuáles son sus límites? para lo cual se seleccionaron los casos de la píldora del día después y de la tabla de factores de riesgos de las Isapres. Estos casos fueron resueltos recientemente y causaron una gran polémica por la forma como se dio la decisión y sus efectos, circunscritos especialmente a las políticas de la salud, aunque en ellos existió colisión con otros de derechos reconocidos en la Carta. En concreto, el estudio pretendió ir más allá de lo puramente jurídico, indagando también en los impactos de tipo constitucional, político y económico. De esta manera, se presenta cada relato de caso por separado, siguiendo la secuencia temporal de los hechos junto con la posición de los actores, sus intereses y la capacidad para defender y transar en torno a éstos; sin reducir el análisis a exclusivamente a la sentencia, puesto que también se hace referencia a todo el proceso histórico, con énfasis en el statu quo, el escenario internacional y los aprendizajes en el campo especifico de las políticas públicas. Posteriormente se indaga respecto a las principales teorías políticas, constitucionales y económicas que han estudiando el fenómeno y que sirven para explicar el comportamiento del TC, incluso el de los demás actores y se diserta frente a si es posible que en estos momentos él pueda catalogarse como un actor con poder relevante, si ese poder es de veto, o en caso contrario, cuál es la naturaleza de éste. Con base en lo anterior se determina el papel que le corresponde frente a políticas públicas en escenarios de captura y de riesgo de captura, para luego explicar el método de ponderación que podría impedir que las políticas lleguen innecesariamente a su conocimiento por los costos que ello implica, o que en su diseño se puedan establecer los valores que se enfrentan y dar soluciones mucho más ajustadas a la Carta Política. En ese mismo capítulo se cuestionan los resultados económicos de su intervención en el que incide el sesgo neoliberal de los derechos humanos que subyace en la norma superior. Todo ello, en el contexto de una indagación documental y de campo, que implicó la realización de entrevistas semiestructuradas a expertos en la materia, con el propósito de obtener información de primera mano. En ese sentido, el análisis se estructuró sobre la base de tres dimensiones: la gubernamental y de políticas públicas; la de política y proceso legislativo; y la constitucional y de derechos humanos. Luego de esta disertación, que se construyó con base en el análisis de las fuentes mencionadas, el estudio concluyó que el poder del TC frente a las políticas públicas no es de veto sino que está circunscrito a situaciones específicas y coyunturales, por lo que ostenta la calidad de “actor de reserva”, al existir barreras que hacen difícil que estos asuntos lleguen a su conocimiento; por ende, los efectos de su actividad no pueden generalizarse ni derivar una tendencia que permita predecir un patrón de comportamiento a futuro. Sin embargo en ciertos casos, como los escenarios capturados o respecto de aspectos con fuerte sesgo neoliberal, pueden primar los intereses particulares, razón por la cual el TC debe aplicar instrumentos, como el test de constitucionalidad, para ponderar los valores atendiendo a criterios que están enmarcados dentro de lo político, y develar las circunstancias reales al resolverlo. Finalmente se hacen algunas recomendaciones respecto al programa de la PDD señalando que se debe expedir de forma urgente el reglamento correspondiente para ajustar ciertos detalles que son problemáticos; de igual manera frente al caso de las TFR se insiste en la necesidad de hacer seguimiento por parte de los actores sociales al trámite de los debates de la Ley en el Congreso, atendiendo además los comentarios del panel de expertos y los lineamientos dados por el TC en su sentencia. También se recomienda a los hacedores de políticas públicas incorporar dentro de los análisis correspondientes un pretest de constitucionalidad que devele los valores en juego y el balance establecido, con el propósito de evitar su judicialización. Por su parte, los actores políticos deberían adelantar discusiones sobre la pertinencia de establecer una nueva estructura constitucional; mientras que la academia podría seguir líneas de investigación a futuro que permitan observar el comportamiento del TC, tomando para ello nuevos casos que se resuelvan en esa instancia.