| Abstract | dc.description.abstract | Actualmente las empresas son, sin dudarlo, el principal agente económico de la sociedad. La libertad con que operan las compañías, viene antecedido, por un afán de expansión y de crecimiento económico. Favorecido por ello, las personas jurídicas se han vuelto el escenario ideal para la comisión de delitos surgiendo así la “criminalidad empresarial”, la que atenta contra bienes jurídicos importantes para la sociedad.
La urgente necesidad de protección de dichos bienes desencadenó el surgimiento de políticas criminales preventivas, permitiendo que durante el siglo XX, se diera paso a la responsabilidad penal empresarial, en función de la necesidad de frenar la criminalidad empresarial.
Dieron inicio a esto, los países de tradición jurídica anglosajona, menos apegados a la dogmática jurídica. En cambio, los países de tradición jurídica continental, fueron más reacios y sus reformas tomaron más tiempo. Particularmente, en el caso de Chile nunca se manifestó mayor interés en implementar medidas para frenar la irresponsabilidad de las personas jurídicas, hasta éste se volvió uno de los requisitos para ser miembro permanente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es en este escenario que nace la Ley Nº 20.393 la cual consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El principal elemento de interés del presente trabajo, se enfoca en el análisis de los modelos de imputación utilizados para la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se inicia la investigación a partir de los modelos presentes en el derecho comparado, para luego conocer y analizar las características del modelo mixto de responsabilidad, basado en el defecto de organización de la persona jurídica, sistema de imputación escogido por el legislador chileno. Lógicamente se abordaran sus alcances más relevantes y las falencias que se prevé tendrá la Ley Nº 20.393 bajo este sistema de imputación | es_CL |
