Costo de proporcionar una garantía al sistema de pensiones de Argentina y Perú

Abstract

La evolución de la previsión social como política pública siguió el curso trazado por la consolidación de los estados nacionales. En un primer momento –y aún hoy en muchas regiones del mundo– la subsistencia de los ancianos dependía de su capacidad para generar ingresos (previsión individual) o de la capacidad de su grupo familiar (previsión familiar); eran y son los hijos los que cuidaban y cuidan de sus padres en el seno de familias numerosas. El origen de la seguridad social formal se remonta a la década de 1880 en Alemania con la iniciativa del canciller Otto Von Bismarck para crear instituciones que ordenasen el tratamiento de las contingencias de vejez, invalidez y muerte (previsión social). El mecanismo utilizado fue la contribución obligatoria sobre el salario real o una porción importante del mismo para los empleados del sector privado. El seguro social o modelo bismarckiano se extendió en el siglo siguiente en una parte importante del mundo. En la actualidad, los adultos mayores son cubiertos a través de múltiples estrategias, pudiéndose sintetizar en: regímenes de previsión social formales, asistencia social formal y sostenimiento desde el propio grupo familiar, ya comentado. El mayor o menor grado de desarrollo de las instituciones y la sustentabilidad de los estados nacionales determinan los pesos relativos de estas opciones. De esta forma, surgen reglas de juego más o menos visibles que contribuyen a fortalecer o debilitar el tratamiento que la sociedad brinda a sus adultos mayores, tal como ocurre también en las otras áreas de las políticas sociales. A más de un siglo de la creación de los primeros institutos de previsión social, hay una coincidencia respecto a que el objetivo de los sistemas públicos de seguridad social es lograr que las personas reciban durante la vida pasiva una remuneración, de modo que puedan alcanzar una determinada estabilidad en los niveles de gastos y, por ende, del nivel de calidad de vida, antes y después de retirarse del mercado laboral. Los sistemas de jubilación del tipo defined–contribution, presentes en los sistemas de jubilación latinoamericanos, exponen a los riesgos del mercado los ahorros de los trabajadores cuando éstos son invertidos en activos financieros cuyos pagos son del todo aleatorios. Debido a esta exposición, los gobiernos se han visto en la necesidad de ofrecer garantías de rentabilidad mínima a los afiliados al sistema. Esto, sin duda, hace que el sistema se vuelva más atractivo para los actores de este mercado, teniendo como garantía aquélla que cubre la rentabilidad mínima de los fondos administrados por las administradoras de fondos de pensiones. Respecto de este último punto es que hemos querido averiguar cuál es el costo que significa para el estado este pasivo contingente, el cual, al ser gatillada la garantía, dicho costo puede compartirse entre el estado y la sociedad administradora de fondos. Para efectos de calcular el costo de la garantía estatal hemos tomado como muestra los datos de Perú y Argentina, cuya fórmula de cálculo es similar a la utilizada por la legislación chilena. El trabajo que sigue se ha dividido en tres partes. La primera se refiere al análisis comparativo de los sistemas de capitalización de Latinoamérica, la segunda se refiere al marco teórico que hay en la valorización de la garantía estatal según la metodología de opciones financieras y la tercera parte consta del análisis de los resultados y sus conclusiones.