Análisis de una Experiencia de Implementación de Política Pública: El Caso del Programa de Intervención Breve de Prevención Focalizada del Servicio Nacional de Menores Periodo 2007 a 2010

Abstract

La literatura especializada señala que el estudio de las políticas públicas se ha centrado en sus fases de diseño y evaluación y, en menor medida, en la etapa de implementación. Sin embargo, en esta última es donde ocurre una multiplicidad de situaciones que, la mayoría de las veces, resultan inmanejables para sus responsables y terminan afectando el resultado de sus objetivos. Pressman y Wildavsky dan cuenta de esta situación cuando señalan que “El hecho de no reconocer que estas circunstancias, por demás sumamente comunes, presentan serios obstáculos a la implementación, inhibe el aprendizaje. Alguien que vaya siempre en busca de circunstancias insólitas y acontecimientos dramáticos no puede apreciar lo difícil que es hacer que acontezca lo ordinario” (1998; pp. 52-53). El presente estudio, analiza la experiencia de implementación del Programa de Intervención Breve (PIB), del Servicio Nacional de Menores, que se ejecuta desde el año 2007 en todo el país. Su objetivo es resolver las vulneraciones de derecho, asociadas a situaciones de mediana complejidad, que afecten a niños, niñas y adolescentes en un territorio determinado, previniendo su cronificación; para ello, se otorga a los operadores los niveles de libertad que les permitan adaptar el programa a las particularidades de sus espacios locales. En el año 2010, el programa ha finalizado sus tres primeros años de implementación y se encuentra rediseñando las bases de licitación para incorporar modificaciones que aseguren un adecuado cumplimiento de sus objetivos. Al observar y analizar la experiencia de implementación del programa PIB, es posible relevar algunos aspectos que se resumen en las siguientes consideraciones: La necesidad de reconocer el nivel de desarrollo en que se encuentra una política pública, ya que ello influye en la coherencia, las rutinas y las coordinaciones que es posible asignarle a su estructura organizativa. La importancia de generar capacidades de aprendizaje en las organizaciones; en ello incide, de manera directa, el considerar mecanismos de evaluación pluralistas que rescaten las experiencias de los equipos operativos y no se limiten sólo a juzgar las acciones comprometidas en términos de su sola realización. Es prudente realizar una distinción entre las políticas públicas que proveen servicios sociales de las que producen bienes, pues las posibilidades de control y seguimiento de la gestión de intangibles tienen otras complejidades y demandan mayor flexibilidad. El reconocimiento de que en la etapa de implementación se dan relaciones interorganizacionales y que, por tanto, estarán presentes variables tales como el ejercicio del poder, la disputa por financiamiento y la existencia de agendas particulares propias de los operadores y también de los diseñadores, entre otros fenómenos. Concluyendo, la implementación es una etapa que demanda tanta o más acción política que la utilizada durante el diseño y la evaluación y, por tanto, no resulta conveniente confinarla a la mera aplicación de pasos predefinidos.