| Abstract | dc.description.abstract | Uno de los aspectos más relevantes de protección es, sin duda, el tratamiento jurídico del trabajo infantil. Niños, niñas y adolescentes encuentran en el trabajo una fuente importante de ingresos para ellos y sus familias, que les permite subsistir. Sin embargo, las condiciones en que este se lleva a cabo y la edad en que se inicia, causan un grave perjuicio para el desarrollo físico, psíquico y social, además de profundizar la pobreza.
En el mundo, de acuerdo a cifras oficiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 240 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan. 180 millones lo hacen en lo que se denomina las peores formas de trabajo infantil, donde se pone en riesgo el bienestar de los menores y su educación. En Chile 196.104 niños, niñas y adolescentes trabajan, lo que equivale al 5,4% de los menores entre 5 y 17 años.
Nuestro país, ha aprobado la normativa internacional desarrollada por la OIT y la ONU para proteger a la infancia trabajadora. La armonización de esa normativa con el estatuto jurídico nacional requiere de una intervención directa del Estado, pero también de los actores sociales involucrados, pues las normas son un reflejo de las demandas que la propia sociedad realiza con el objeto de proteger sus derechos y también ejercerlos | |
