| Abstract | dc.description.abstract | La hipótesis sobre la que se desarrollará este trabajo es que al Estado le asiste el deber de mantener software seguro, en primer término, como una manifestación de los principios y preceptos constitucionales y legales de aplicación general que lo guían en su actuar, especialmente en lo que se refiere a sus obligaciones de promover el Bien Común y respetar en toda su actuación los principios de eficiencia y eficacia Administrativa; y en segundo término, por la obligación de respetar las normas técnicas específicas para el ejercicio de potestades públicas mediante Gobierno Electrónico, debiendo proveerse para ello herramientas jurídicas adecuadas para el desempeño de esta labor, que al menos compatibilicen los estatutos jurídico - privados de los titulares de derechos sobre el software utilizado por la Administración y los deberes del Estado. Aquí cobran gran relevancia el Derecho de Autor y el Derecho Penal Informático.
Como consecuencia de lo anterior, debemos analizar la problemática de la seguridad de los sistemas que sustentan el Gobierno Electrónico desde el punto de vista de los principios que informan el Derecho Público, especialmente los principios de eficiencia y eficacia, debiendo estudiar la normativa general y especial aplicable al Gobierno Electrónico, que está conformada por la Constitución Política de la República, las leyes que regulan la Administración del Estado y los Decretos Supremos sobre Gobierno Electrónico, además de referirnos a derechos de la personas que eventualmente podrían verse vulnerados, como la protección de la vida privada y la protección de datos personales; todo con el fin de incentivar y dar inicio a futuras investigaciones jurídicas sobre seguridad de la información y las comunicaciones en el ámbito del Gobierno Electrónico, ya que este tema se proyecta como una de las grandes problemáticas de la Administración del Estado en la denominada era digital o de la información. Este es nuestro objetivo general.
También se pretende establecer el marco jurídico preciso en que se funda la obligación del Estado de mantener software seguro, además de identificar los puntos en que se producen contradicciones entre los derechos de los particulares, de los titulares de derechos sobre el software y los deberes del Estado como garante del Bien Común y ejecutor del Gobierno Electrónico, intentado proponer una interpretación, modificación o creación de reglas y principios que permitan su armonización | |
