| Abstract | dc.description.abstract | Dentro de los estudiosos de la política, en su concepción conciliadora de los “asuntos públicos”, se encuentra la Escuela Institucionalista; la cual plantea que el Estado existe en la medida que sus instituciones son capaces de responder a las demandas de la población. En tanto los deontológicos señalan en sus planteamientos que el Estado existe en tanto es capaz de orientar su accionar a la consecución del bien común.
En este sentido, el rol del Estado, entendido como el modo, ámbito y grado en el que el Estado y sus instituciones participan en el desarrollo, es fundamental. Esta participación se ve influenciada por la comunidad, el gobierno de turno, el contexto económico y la política internacional.
Llevando este concepto al Estado chileno, se puede ver, como señala el profesor Eduardo Araya Moreno, que “sin duda los antecedentes inmediatos existentes muestran un relativo consenso en torno al rol del Estado en Chile. La construcción de un Estado llamado subsidiario, en el contexto de una dictadura de larga duración, con un poder concentrado de los medios de comunicación y represión al disenso, probablemente impidió que esta discusión tuviera lugar de manera ampliada. Sumado a ello los razonables éxitos en el manejo macroeconómico y la generación de una nueva estabilidad social y política neutralizaron la posibilidad de una discusión sobre el rol del Estado. Simplemente se lo redujo de manera ostensible, tanto en lo referente a su papel, a sus capacidades y a sus recursos”1.
Ahora bien, el problema se orienta hacia cómo las políticas públicas, entendiendo por tales los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objeto público definido en forma democrática y desarrollados por el sector público2, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado, reflejan un ejercicio adecuado de las funciones que tiene el Estado. | |
