| Abstract | dc.description.abstract | En relación con la potestad discrecional que los artículos 73 y 74 de la ley Nº 18.834 conceden a la autoridad administrativa para destinar a sus funcionarios fuera del lugar de su residencia, se plantea la problemática relativa a los límites que tiene tal potestad, considerando que en su ejercicio no sólo se pueden vulnerar derechos fundamentales del servidor público afectado, como los derechos a la función y a la dignidad funcionaria, sino que también principios esenciales de la administración pública, como son la certeza jurídica y, por cierto, el de la razonabilidad que debe imperar en la dictación de todo acto administrativo.
En efecto, si bien la justificación normativa de esta potestad se encuentra consultada en el artículo 73 de la ley Nº 18.834, conforme al cual, los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente, en cuanto así lo ordene el jefe superior de la respectiva institución, en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía, el ejercicio de tal potestad discrecional no está ajena a dificultades, tomando en consideración que tal decisión afecta a un funcionario que puede tener hogar, familia e hijos estudiando en el lugar de su desempeño habitual, además de otros beneficios laborales asociados a este último, panorama que se agrava en situaciones en que ambos cónyuges forman parte de la misma repartición pública, caso en el cual el artículo 74 del mismo texto legal precitado permite persistir en ella, en la medida que se destine a ambos, simultáneamente y a un mismo punto. | es_CL |
