Análisis crítico de la Jurisprudencia del Consejo para la Transparencia a la luz de la normativa existente en materia de protección de datos personales

Abstract

El Derecho a la protección a la vida privada es una garantía constitucional reconocida explícitamente por nuestra carta fundamental, en su artículo 19 N° 4, el cual nos asegura “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. Esta garantía, al tener rango constitucional, implica que las gestiones de la administración y de los demás órganos siempre deben velar por su respeto. También se encuentra reconocida en la Ley 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, la cual señala, dentro de sus disposiciones, el trato que se le deben dar a los datos de carácter personal y en particular regula las hipótesis de tratamiento debido, estableciendo las condiciones en virtud de las cuales los organismos públicos pueden efectuar dicho tratamiento.

El derecho de acceso a la información, por su parte, también se encuentra reconocido en nuestra legislación, en la misma Constitución, en su artículo 8 inciso segundo, y en algunas normas de carácter legal, como es el caso del artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, la cual establece que el Estado debe observar entre otros, los principios de “transparencia y publicidad”