¿Qué entender por contrato administrativo en el ordenamiento jurídico chileno actual?
Professor Advisor
dc.contributor.advisor
Moraga Klenner, Claudio
Author
dc.contributor.author
Parra Sanhueza, Andrea Betsi
Staff editor
dc.contributor.editor
Facultad de Derecho
Staff editor
dc.contributor.editor
Departamento de Derecho Público
Admission date
dc.date.accessioned
2013-10-16T15:16:27Z
Available date
dc.date.available
2013-10-16T15:16:27Z
Publication date
dc.date.issued
2013-05
Identifier
dc.identifier.uri
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/114509
General note
dc.description
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Abstract
dc.description.abstract
El objetivo de la presente tesis es enseñar el contrato administrativo como un instrumento jurídico que ha acompañado a la Administración del Estado, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, para que ésta pueda materializar su función administrativa. Transformándose ésta -la función administrativa- en el elemento configurador de la sustantividad de aquel, y a la luz del ordenamiento jurídico vigente, le entrega un contenido que hace al contrato administrativo sinónimo de las expresiones ‘contrato público’ o ‘contrato de la Administración’, e incluye a los llamados ‘contratos civiles de la Administración’.
Para ello iniciaré con los antecedentes históricos de la contratación pública en general, que nos permitan dimensionar cómo llegaron a complementarse en equilibrio jurídico dos instituciones de orígenes completamente opuestos y desiguales: contrato, del ámbito privado, versus Estado, del ámbito público. Continuaré con el estudio de la relación que existe entre el contrato celebrado por la Administración, sea contrato administrativo u otro, y la función administrativa, describiendo el rol que el primero ha jugado al alero de la función administrativa nacional del Estado Liberal, primero; y del Estado Social, después. Para terminar con su análisis a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual, descubriendo los planteamientos que nos conducirán a la redefinición del contrato administrativo y, por ende, de la contratación pública nacional