El convenio 169 de la OIT y la consulta indigena

Abstract

La llamada deuda histórica de la República de Chile para con sus pueblos originarios se remonta a la época de la Colonia, arrastrando desde entonces un conflicto étnico y social de más de 500 años. La Conquista por parte de la corona española, estuvo marcada, entre otros elementos, por la violencia, el despojo y los abusos en contra de los pueblos indígenas asentados en nuestro país. Más tarde, con el establecimiento territorial de los españoles al norte del río Biobío, comienza un proceso de mestizaje, intercambios comerciales y una compleja red de relaciones interétnicas, las cuales se mantuvieron inalterables durante los inicios nuestra vida republicana. Desde entonces, existe una tensa y compleja relación entre el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas que se ha perpetuado hasta nuestros días.

Al día de hoy, de acuerdo la última encuesta Censo realizada el año 2002, la población indígena en el país representa el 4,6 % del total nacional . Bajo esta realidad se han articulado distintas políticas públicas e instrumentos legales tendientes tanto al reconocimiento de los pueblos indígenas propiamente tales, como a la reparación de la llamada deuda histórica.

A nivel nacional, una de las primeras normas en contemplar la discriminación positiva a favor de los pueblos indígenas y concretar este objetivo fue la ley N° 19.253, publicada en el Diario Oficial el 5 de octubre de 1993, la cual establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Si bien es cierto que esta ley significó un avance en materia de protección a los pueblos originarios, la población indígena sigue siendo un sector vulnerable en materia socioeconómica con un alto grado de exclusión en el desarrollo de la vida republicana y caracterizada por un bajo nivel de participación en los procesos de toma de decisiones y representatividad