La libertad de trabajo y su protección en las acciones de protección y en el procedimiento de tutela

Abstract

El Derecho del Trabajo en Chile se debe interpretar desde una triple dimensión: administrativa, judicial y dogmática. Desde estos tres puntos de observación, la norma laboral obtiene su contenido y se hace inteligible para sus destinatarios. Naturalmente en numerosos casos se llega a resultados menos esclarecedores, cuestión que da fuerte margen para que quien se situe en su momento como intérprete de la norma laboral, pueda darle un sentido más propio de puntos de vista ideológicos que respecto a los valores del ordenamiento. Podría pensarse que lo anterior se agrava si se considera que cada punto de vista de interpretación tiene a su vez distintos matices doctrinarios, pero la sensación transversal es que existen ciertos sectores que representan en bloque una posición doctrinaria. Así por ejemplo, se ha escrito que “En las últimas décadas el empleador como principal obligado en materia laboral se ha venido enfrentando cada vez más a una mayor limitación en sus actuaciones debido a una expansión del orden público laboral. (…) tal densidad obedece a una oscura e ideológica actividad de la agencia pública Dirección del Trabajo y a una doctrina no menos ideologizada y cerrada en principios políticos y de bienestar, que en no raras ocasiones chocan con categorías dogmáticas que reflejan un diseño institucional propio de un Estado de Derecho” y en otro trabajo, focalizado en la génesis y principios inspiradores del procedimiento laboral “(…)se ha arrojado una espesa cortina de humo que oculta la dimensión político-ideológica del proceso, cuya discusión a propósito de las reformas ha quedado inhibida, incluso en los propios órganos de deliberación democrática, a favor del dictamen de la ciencia pura (que traspasado el velo de Maya es pura ideología). Para bien de la corriente procesal dominante, se ha omitido en Chile la saludable discusión acerca de si estas reformas respetan la necesaria coherencia que debe existir entre el sistema procesal definido por el legislador democrático y los valores republicano-constitucionales que delimitan el ejercicio del poder soberano en un Estado de Derecho”