Ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública ¿Impulso a la participación o ilusión normativa?: Una mirada desde los actores sociales y municipales de las comunas de El Bosque y Pedro Aguirre Cerda

Abstract

El 16 de febrero de 2011 se publica la ley 20.500, estableciendo la institucionalización de la participación ciudadana en la gestión pública y se determina el marco referencial de la asociatividad en Chile. Es relevante abordar la implementación de esta normativa, pues impacta en todos los organismos del Estado, siendo un importante desafío para los municipios considerando sus potencialidades para desarrollar la participación ciudadana relacionadas con su proximidad con la ciudadanía. Así se podrán conocer las fortalezas y problemáticas de esta ley y elaborar recomendaciones que sirvan de insumo para la reflexión, debate y desarrollo de propuestas de mejora. Además es una normativa poco abordada que no cuenta con una institucionalidad que se encargue exclusivamente de su funcionamiento. De este modo, el objetivo general del presente estudio de caso es Analizar el significado de la participación ciudadana y las modalidades de implementación de la Ley 20.500, según la percepción de los actores sociales y municipales de las comunas de El Bosque y Pedro Aguirre Cerda . A su vez, se consideraron los siguientes objetivos específicos: Analizar el significado de la participación ciudadana según la perspectiva de los actores sociales y municipales de las comunas de El Bosque y Pedro Aguirre Cerda ; Conocer y comparar las modalidades de implementación de la Ley 20.500 en los municipios de El Bosque y Pedro Aguirre Cerda ; Conocer y comparar las problemáticas y fortalezas presentes con la implementación de la Ley 20.500 y Elaborar recomendaciones para enriquecer la participación ciudadana en la gestión pública de los municipios . Respecto a la metodología utilizada, el enfoque es cualitativo ya que se conocieron las percepciones de los actores relacionados con la ley 20.500 en el ámbito local, el nivel de investigación es exploratorio dado que consideró un tema poco estudiado. Se realizaron entrevistas estructuradas a actores de ambas comunas que se vinculan directamente con la implementación de esta normativa, autoridades, funcionarios municipales tanto de la dirección de desarrollo comunitario como de secretaría municipal y representantes del Cosoc, constituyéndose una muestra de 14 personas. Dentro de los principales resultados se tiene que la mayoría de los entrevistados considera que la participación ciudadana es incluir a la comunidad en la gestión, reconociendo y valorando el aporte que pueden efectuar al desarrollo comunal, pues son quienes saben lo que acontece en el territorio y por lo mismo pueden también ser parte de las propuestas. Sin embargo, solamente un entrevistado señala la participación como derecho ciudadano, que es lo que se busca instaurar con la Ley 20.500. También como resultado se aprecia que en general en ambas comunas se ha tenido la voluntad política y motivación de los dirigentes del Cosoc para implementar la nueva normativa, a pesar de los desafíos que trajo consigo. Se aprecian como principales fortalezas la instauración de los Cosoc, facilitación de la creación de Corporaciones y Fundaciones y que permite la utilización de mecanismos de participación. Por su parte, las debilidades señaladas aluden al carácter consultivo del Cosoc, falta de recursos para implementar la normativa y que no facilita la implementación de plebiscitos. Como recomendaciones a la normativa para fortalecer la participación ciudadana podemos mencionar una mayor difusión de la ley 20.500; incrementar recursos; fortalecer los Cosoc; fiscalización al cumplimiento de la normativa y fortalecer las Organizaciones Sociales.