Los tribunales administrativos especiales en Chile

Abstract

Los Tribunales Administrativos Especiales, es decir, aquellos organismos que han sido creados para la revisión de actos administrativos de carácter sectorial, surgen desde la orfandad que deja la ausencia de tribunales contencioso-administrativos. La presión por revisar actos de la Administración, mientras esta se ha vuelto cada vez más específica, compleja e intensa en su regulación, ha supuesto la necesidad de crear órganos que puedan abordar este fenómeno. En su creación renace la discusión en torno a los límites de la revisión de los actos, confrontándose aquí las posturas contrapuestas de la doctrina de la luz roja y la luz verde del derecho administrativo por una parte, y desafiándose la separación de poderes, por otra. En este debate se enmarca por ejemplo el gran consenso detrás de la creación de Tribunales Ambientales y su cuestionada naturaleza por parte de la Corte Suprema. Los tribunales administrativos especiales aparecen hoy como una solución ecléctica, pero que no aborda de manera integral el problema del control judicial de los actos administrativos, especialmente por la falta de representación de los usuarios, consumidores y comunidades en la discusión.

The Special Administrative Courts, created for the judicial review of administrative acts that are sector-specific, arise from the lack of general administrative courts. Their creation has been demanded in response to the increasingly specific, complex and intense regulation of the administrative apparatus. In these instances, the discussion about the limits of the judicial review is revisited in the conflicting positions of the doctrine of the red light and the green light of administrative law, on the one hand, and the challenge to the separation of powers, on the other hand. This debate frames, for instance, the large consensus behind the creation of Environmental Courts and the challenge of their nature by the Supreme Court. The special administrative courts appear today as an eclectic solution, that does not systematically address the problem of judicial review of administrative acts. This is due in particular to the lack of participation of users, consumers and communities in the discussion.