Riesgos y desafíos frente a la implementación de la ley de inclusión escolar

Abstract

Este estudio tiene por objetivo identificar riesgos y desafíos de cara a la implementación de la Ley de Inclusión Escolar. La eliminación del lucro, del financiamiento compartido, y la regulación de los sistemas de admisión a los recintos educacionales, fueron los primeros cambios propuestos por la Reforma Educacional comprometida por el actual gobierno, una reforma cuestionada por parte importante de la clase política del país. De esta manera, la Ley de Inclusión fue aprobada luego de un intenso debate legislativo, discusión que incluyó fuertes disputas mediáticas entre parlamentarios, académicos, sostenedores y dirigentes sociales. La investigación sigue un enfoque cualitativo de tipo exploratorio. A través de entrevistas semiestructuradas se genera un primer acercamiento a la opinión y percepción de sostenedores y autoridades ministeriales con alguna responsabilidad en la implementación de la Ley. Se cuenta así con la opinión de 3 funcionarios del Mineduc y 10 sostenedores privados, los que administran un total de 58 establecimientos particulares subvencionados en la región Metropolitana. El análisis de los relatos muestra un conocimiento heterogéneo de la Ley y posiciones encontradas en cuanto a los mecanismos estipulados para la eliminación del lucro, el copago, y la selección. Se observa un porcentaje importante de "situaciones particulares", lo que se traduce en preocupaciones específicas de acuerdo a la condición de cada sostenedor. Sin embargo, es posible encontrar ciertos patrones: sostenedores con lucro e importantes inversiones en infraestructura preocupados por la regulación de los inmuebles y los mecanismos de auto compra; sostenedores con alto copago preocupados por el mecanismo propuesto para su eliminación y sus repercusiones en el presupuesto institucional; sostenedores con baja matricula y recursos limitados, preocupados por las variaciones económicas que generaría el proyecto; sostenedores sin lucro preocupados por el nuevo sistema de admisión y su posible impacto en el proyecto educativo. Además, el modelo de financiamiento y el rol de la Superintendencia de Educación en el proceso de rendición de cuentas, son elementos vistos con recelo por los sostenedores. El estudio releva la necesidad de analizar la Ley como parte de un sistema complejo, entendiendo el difícil panorama político que condicionará su implementación. Se identifican además una serie de riesgos específicos, elaborando recomendaciones para superar esos desafíos. En este punto el fortalecimiento de la "Unidad de Apoyo a Sostenedores" adquiere un protagonismo relevante, proponiéndose también elementos como la difusión masiva de información, la tramitación de una "Ley corta" que resuelva los problemas identificados, la necesaria publicación de los reglamentos antes del 1º de marzo del 2016, el aseguramiento de los créditos con aval estatal, y la provisión de recursos para la mantención y mejora de la infraestructura en el sistema.