| Abstract | dc.description.abstract | Lejos del espíritu alfabetizador y educativo que tuvo para el mundo civil y popular la aprobación en 1900 de la ley Nº 1362 de Reclutas, muchos de los conscriptos que realizaron el Servicio Militar Obligatorio (SMO) siete décadas más tarde se sintieron traicionados y tremendamente dañados al salir licenciados dos o tres años después de asumir su compromiso con la patria en abril de 1973.
Una querella interpuesta en 2009 por 438 de estos ex soldados, que demanda una reparación por el atropello a sus derechos humanos durante el cumplimiento de su SMO entre 1973 y 1989, da cuenta de que la contribución de las FFAA a la educación y bienestar del país contenida en la primera ley de reclusión no prevaleció en el tiempo.
Pese a ello, en sus inicios, y aun cuando fue resistida por algunos sectores de la sociedad, como los anarquistas y los partidarios de la organización social y la educación estatal no militar, la ley de reclusión obligatoria promulgada a principios del siglo XX significó un importante avance en la alfabetización de una buena parte de la población popular masculina, más aún si se considera que la educación fiscal básica se hizo realidad recién en 1920, con la aprobación de la ley Nº 3.654 de Instrucción Primaria Obligatoria.
Se trató de una de las tantas medidas de modernización y profesionalización emprendidas por el Ejército décadas antes, cuando finalizó la Guerra del Pacifico (1879-1884). Esta implementación estuvo ligada a la llegada del capitán alemán Emilio Körner Henze y de otros militares germanos, cuyas enseñanzas tuvieron como resultado una creciente “prusianización” del Ejército de Chile, donde uno de los ejes fundamentales lo constituye el concepto de “verticalidad del mando”.
La duración de esa instrucción obligatoria era de un año. Posteriormente, en 1925, la ley Nª 678 aumentó la permanencia en las filas a 18 meses en el Ejército, y a dos años en la Marina. Este período de conscripción se redujo luego en 1931, con la puesta en marcha del DFL Nº 31. En 1953, con el DFL Nº 13, se agrega lo que se llamó el Cuerpo Militar del Trabajo, que perseguía entregar herramientas a los jóvenes reclutas para que pudieran desempeñarse laboralmente una vez que se licenciaran. En 1970 la ley de conscripción que regía era la Nº 11.170, que especificaba que el servicio militar tendría una duración de un año para el Ejército y la Aviación, mientras que en la Armada se prolongaría por dos años.
Pese a este evidente aporte al desarrollo del país, el vínculo entre los militares y el mundo civil ha estado constantemente cargado de tensión desde fines del siglo XIX.
La insurrección exhibida por la Armada durante la Guerra Civil de 1891 ya anticipaba que la relación cívico-militar sería convulsa en el transcurso del siglo XX. La sublevación que generó un quiebre en el seno del Ejército significó la toma de posición de las FFAA en un conflicto civil que tuvo un saldo de diez mil muertos. Posteriormente, al levantamiento de 1925 protagonizado por los jóvenes de los institutos militares se sumó el movimiento de 1932. Esos eventos dieron paso a un período de cuatro décadas en que los militares, en apariencia, se subordinaron al devenir de un país gobernado por civiles.
No obstante, fue durante este último período que se gestó al interior de las FFAA la línea de pensamiento ideológico que estuvo detrás de la acción más mortífera y dañina que los militares chilenos dirigirían hacia sus compatriotas: el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y la Defensa Hemisférica, en el contexto del desarrollo de la Guerra Fría que devino al término de la Segunda Guerra Mundial orientó el foco en la defensa externa ante un enemigo foráneo, propio de los ejércitos en los que se cristaliza el Estado nacional, también hacia el “enemigo interno”: es decir, contra los civiles al interior del país que podrían constituir una amenaza al adscribirse a las ideas del socialismo y el marxismo. Estas doctrinas ya se ponían en práctica en un conjunto de naciones lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex URSS), entre las cuales se encontraban algunos países latinoamericanos, como Cuba.
Bajo esta lógica, las FFAA chilenas enfocaron su modernización en las décadas previas al golpe: el combate al enemigo interno se instaló en los programas de formación de los militares chilenos, y sucesivas promociones egresadas de la Academia de Guerra eran enviados a la Escuela de las Américas que tenía Estados Unidos en Panamá, donde aprendieron estrategias de contrainsurgencia.
En este contexto el socialista Salvador Allende llegó a la presidencia de la República en 1970, apoyado por una base partidaria agrupada en la Unidad Popular (UP). Lo que vino en adelante no fue sino el derrotero inevitable de lo que significaría gobernar contra los intereses de Estados Unidos y de la clase oligárquica y empresarial chilena, que veía con estupor cómo el programa de la UP avanzaba en la conquista real de derechos sociales para las masas obreras, campesinas y populares, y afectaba sus propios intereses en tierras, propiedades e inversiones.
El golpe de Estado de septiembre de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet se transformó en el punto culmine de tres años de tensión y conflictos políticos e ideológicos. En ese tiempo las FFAA fueron dejando de lado la subordinación al poder civil que marcó las cuatro décadas precedentes. La Doctrina de Seguridad Nacional, que tomó cada vez más fuerza al interior de la institución castrense, se materializó en el entrenamiento que recibieron quienes se presentaron a cumplir con el SMO en abril de 1973. | en_US |
