La interdicción por demencia a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Abstract

La incapacitación absoluta es la respuesta que nuestro sistema jurídico ha ofrecido a las personas con discapacidad mental. Mediante esta institución, la persona ve anulada su capacidad de ejercicio, es declarada en interdicción y –por estimarse beneficioso proteger su intervención en el tráfico jurídico-, se le nombra un curador que vele por su persona y bienes. Este sistema de sustitución de voluntad encuentra sus bases en los artículos 1.446 y 1.447 del Código Civil, y se materializa a través de la Ley N°18.600, que establece Normas sobre Deficientes Mentales. Este afán proteccionista, en los hechos, se erige como una barrera impenetrable, que aleja a las personas con discapacidad mental de la facultad de decidir sobre sus propios asuntos, y posibilita la vulneración de sus derechos fundamentales y al respeto a su dignidad inherente. No obstante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), vigente en Chile desde el 29 de julio de 2008, propone un auténtico cambio de paradigma en la consideración de las personas con discapacidad, por cuanto reconoce que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Establece además (pasando de un sistema de sustitución a uno de apoyo en la toma de decisiones), que el Estado tomará las medidas oportunas para proveer el acceso a todas las personas con discapacidad al apoyo y asistencia que requieran para el ejercicio de su capacidad jurídica, basadas en sus deseos y preferencias, y no en lo que se supone sea su interés superior objetivo, proporcionándoles salvaguardas efectivas para impedir que sean objeto de abusos. En este trabajo se pretende dar cuenta de la regulación de la capacidad jurídica en el derecho chileno, y analizar si existe correspondencia entre la figura de la interdicción por demencia y la Convención.