Sobre la fundamentación general de la intervención penal en el ámbito económico y una propuesta para el delito de uso de información privilegiada en particular

Abstract

En esta monografía se desarrolla el intento por ofrecer un criterio de justificación para la pregunta acerca de la legitimidad del Derecho Penal Económico habida consideración de que el mismo es un apartado del Derecho Penal que es, a su vez, exponente quizás principal del proceso de expansión y modificación sustancial de sus principios tradicionales. Para ello, la pregunta no es fútil, sino que conecta derechamente con el análisis del carácter de justa que pueda adquirir una política criminal interesada por intervenir en el desarrollo de la vida económica. Para intentar conseguir lo anterior, se ofrece inicialmente un repaso breve y sistemático acerca de las principales teorías en torno a la legitimidad del Derecho Penal en general, abonando a la idea de que es función de esta herramienta de control social erigirse como protección de bienes jurídicos, de manera subsidiaria y como última ratio. Se colige de ello que el Derecho Penal Económico presenta la particularidad de integrar bienes jurídicos colectivos, concurriendo a su tutela en presencia de delitos de peligro y especialmente de peligro abstracto Al análisis general anteriormente citado se adscribe un análisis particular del Derecho Penal Económico y de la evolución del delito económico como fenómeno para buscar luego señalar, que si bien este apartado requiere una visión especial de los principios que hacen legítima la intervención penal, tal requisito, que entendemos como modernización del Derecho Penal, debe ser satisfecho y aceptado cuando se asume que el Derecho Penal Económico tutela un orden económico que significa, por su parte, un espacio en que el individuo se auto determina y ejerce su libertad. Por último, tal bagaje conceptual es aplicado en el análisis de los tipos penales que contempla la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, vista como hito relevante dentro de la legislación penal económica y, dentro de ellos, el de uso de información privilegiada.