Acciones de clase, una justificación desde la eficiencia
Professor Advisor
dc.contributor.advisor
Carrasco Delgado, Nicolás
Author
dc.contributor.author
Palma Peredo, Nicolás Antonio
Admission date
dc.date.accessioned
2018-03-15T15:12:26Z
Available date
dc.date.available
2018-03-15T15:12:26Z
Publication date
dc.date.issued
2017
Identifier
dc.identifier.uri
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146872
General note
dc.description
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
es_ES
Abstract
dc.description.abstract
La presente tesis presenta razones para justificar desde la perspectiva del análisis económico del derecho la implementación en el Derecho nacional de un procedimiento que permita el acceso a la justicia de pretensiones de carácter colectivo. Para ello plantea primero la necesidad de dar protección a los intereses colectivos y el déficit en que se encontrarían actualmente. En segundo lugar, se realiza una revisión de mecanismos de protección de aquellos intereses a través de las acciones de clase y acciones colectivas. Finalmente, el tercer capítulo presenta las consideraciones económicas que justifican la solución del problema a través del mecanismo de las acciones de clase.
El trabajo logra justificar que la protección de intereses colectivos, sean estos supraindividuales o plurisubjetivos, es un problema al que el Derecho procesal debe prestar atención, plateándolo como un desafío de la sociedad contemporánea. Se establece, asimismo, que otros mecanismos de protección no resultan idóneos para corregir el problema esbozado, como pudiesen ser instituciones procesales vigentes o mecanismos institucionales que no contempla nuestro ordenamiento. Finalmente, al amparo del criterio de eficiencia, como un criterio que permite la evaluación de la política legislativa, se justifica desde diversas aristas la aplicación de la medida propuesta, la que en definitiva promueve la reducción de los costos sociales.
Entre las razones de eficiencia que se presentan se encuentra la reducción de costos del error, la reducción de costos administrativos, el aumento del acceso a la justicia, y el incentivo al actuar conforme a la ley. Todo ello, como veremos, redunda en que un estado social en que existen acciones de clase deberá necesariamente presentarse como más eficiente en comparación a un estado social en que no existen.