El plan de formación ciudadana en la Ley 20.911, implicancias y desafiíos para la comunidad escolar

Abstract

¿Cómo podemos aumentar la participación y fortalecer la democracia? ¿Cómo podemos evitar futuros casos de corrupción? ¿Cómo fortalecemos la sana convivencia en sociedad? Estas y otras preguntas han estado en la palestra de diversas discusiones parlamentarias y ciudadanas en razón de la baja participación en los diferentes procesos eleccionarios del país y los escándalos de corrupción develados desde el bullado Caso Penta. Como una solución a este panorama, el Ejecutivo promulgó el año 2016 la Ley 20.911 que exige la creación y aplicación de un Plan de Formación Ciudadana en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, acción que se complementará con la creación de la asignatura de Formación Ciudadana dictada en tercero y cuarto medio. El objetivo de dicho plan es que al interior de las comunidades educativas se vivencien valores como el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; así como también la consciencia respecto de sus derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos. Teniendo siempre presente que las acciones diseñadas podrán ajustarse a la realidad de cada establecimiento, siendo sistematizadas en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su Plan de Mejoramiento Educativo (PME). La Presente memoria recaba los antecedentes de la creación de la Ley y establece los pilares teóricos que dan vida a la misma. Luego, analiza la técnica legislativa y el tipo de norma utilizada en el documento, para cerrar con las fortalezas, debilidades e interrogantes que evidencia, entre las cuales se cuenta la ambigüedad de los mecanismos de fiscalización y evaluación.