Intersectorialidad y capacidades institucionales en la gestión de las políticas de infancia: El caso del "Plan de acción para la protección de la infancia vulnerada"

Abstract

Se establecen los marcos legales e institucionales que sustentan la protección especializada a la infancia y adolescencia en Chile, con antecedentes de contexto de la protección especial a niños y niñas vulnerados en sus derechos y que son parte de la red SENAME. Se muestra el contexto de crisis de esta institución, estableciendo la ausencia de un sistema de protección integral a la infancia con enfoque de derechos. Se analiza el surgimiento del Plan Protege y del Plan de acción para la protección de la infancia vulnerada como respuestas, por medio de un trabajo intersectorial, a la crisis del sistema de protección especializada. El propósito fue analizar la intersectorialidad entre los diferentes sectores participantes del Plan de acción, identificando los elementos y el nivel de intensidad presente en el actuar intersectorial para la ejecución de atenciones integrales hacia la infancia vulnerada. También fue de interés analizar las capacidades institucionales de los distintos sectores vinculados al Plan de acción en miras al establecimiento de la nueva institucionalidad a cargo de garantizar los derechos de la infancia vulnerada. La investigación se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo. Los resultados se obtuvieron por medio de entrevistas semi-estructuradas, las cuales fueron realizadas a seis actores principales que conforma la mesa intersectorial para la ejecución del Plan de acción: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, SENAME, Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Entre los principales resultados, se especifica que el Plan de acción surge como mandato presidencial como respuesta a una crisis, en la cual hubo una baja inclusividad de los diferentes sectores en el proceso de diseño, ejecución y evaluación del Plan. Asimismo, se plantea que en el diseño no se tomaron en cuenta elementos importantes para favorecer la intersectorialidad como el establecimiento de un marco normativo, la asignación presupuestaria para el trabajo intersectorial, recursos para el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación, que permita establecer un set de metas e indicadores comunes. Por tanto, se infiere a que el Plan de acción responde a un modelo Top Down , en donde un grupo específico, de poder político, fue el encargado de diseñar y elaborar las directrices que los diferentes sectores públicos debían de acatar e implementar. En relación a las capacidades institucionales, los diferentes sectores han hecho uso de sus propios recursos humanos y financieros para desarrollar las acciones vinculadas al Plan de acción. Un hallazgo que se presenta es la ambigüedad en el reconocimiento de la entidad rectora a cargo de la gestión del Plan de acción, por lo que se da cuenta de alguna de las limitaciones que conlleva dicho Plan.