Diseño del proceso de reportabilidad para la gestión de integridad atingente a los códigos de ética para la función pública

Abstract

El año 2015 el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción presentó a la Presidenta de la República diversas propuestas que tenían como fin mejorar la probidad y transparencia en las instituciones del Estado y sus funcionarios. Una de estas propuestas apuntó a la implementación de un sistema de integridad transversal a todos los servicios públicos, el cual tenía como punto de partida la redacción de un código de ética por cada servicio público. Adicionalmente, dentro de la misma propuesta se estableció que este sistema de integridad requiere más que un documento escrito: es necesario un sistema de apoyo para su implementación. Por lo tanto, es necesario establecer un sistema que vaya más allá de la redacción de los códigos de ética, estableciendo procesos que apoyen su implementación y que tenga sistemas de control, los cuales permitan diagnosticar si existe un cambio de comportamiento, y que respalden decisiones de acuerdo a información cuantitativa y no en base a percepciones. Dado lo anterior, el siguiente trabajo se ocupó de diseñar el proceso de reportabilidad, desde los servicios públicos hacia la Dirección Nacional del Servicio Civil tanto de los procesos de denuncia como los de consulta, atingentes a los códigos de ética para la función pública, para que el Servicio Civil pueda realizar diagnósticos del comportamiento de esos procesos, pudiendo establecer recomendaciones, instructivos o campañas de prevención. Se realizaron dos propuestas para implementar la reportabilidad, una usando base de datos y modelos entidad-relación, y otra usando planillas y Macros de Excel. Donde la primera posee mayores beneficios a largo plazo, pero también involucra mayor dificultad en su implementación. La segunda propuesta, en cambio, es más sencilla de implementar en el corto plazo, pero no asegura que los procesos se implementen adecuadamente en el largo plazo. Como recomendaciones para la implementación, se propone que la adopción del proceso de reportabilidad sea gradual, es decir, que se implemente inicialmente en un número reducido de servicios públicos por un tiempo de marcha blanca de dos meses. Además, debido a la importancia de asegurar que el estándar mínimo de cada investigación y notificación a los afectados se cumpla transversalmente, se recomienda que los procesos de denuncia y consulta diseñados sean una exigencia a implementar por todos los servicios públicos.