Educación de personas jóvenes y adultas: El caso de la modalidad regular en contexto libre, análisis desde el enfoque de Derechos Humanos

Abstract

La educación es considerada como un derecho social fundamental y cómo un ámbito de acción clave para enfrentar los desafíos del desarrollo y la desigualdad, donde se espera que el Estado ponga en juego políticas integrales que posibiliten la concreción de este derecho social acorde a los estándares de derechos humanos. En Chile, al menos, aún hay 5 millones de personas que no han terminado sus estudios secundarios, aun cuando que estos son considerados como obligatorios por ley; y, por ende, deben ser garantizados por el Estado. Teniendo en consideración este número considerable de personas que no han terminado sus estudios, en Chile se dispone de modalidades educativas que buscan dar respuestas especificas a trayectorias educativas interrumpidas. Así, la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) se configura como una opción programática que contribuye dando acceso a educación equivalente, a poblaciones en situación de exclusión. Sin embargo, esta fue calificada por la DIPRES como insuficiente (2016). Así, un estudio financiado por el PNUD identifica una serie de dificultades y amenazas que inciden en el desempeño de la misma. A nivel de Latinoamérica se identifican varios factores que condicionan el desarrollo de esta, y a su vez se reconoce su centralidad con miras al logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) acordados estos por los estados miembros de Naciones Unidas. Dada la importancia que se le ha dado a la EPJA a nivel internacional y el complejo panorama que se revisó en este estudio es que se buscó analizar las garantías normativas e institucionales en las que se encuentra inserta la educación de personas jóvenes y adultas, en su modalidad regular en contexto libre, desde el enfoque basado en los derechos humanos. Para ello se hace un estudio exploratorio utilizando un modelo operativo de enfoque de derecho aplicado a políticas sociales propuesto por Moreno en su Tesis Doctoral Garantías sociales en políticas de vivienda en España y en Chile (2004). En concordancia a esto es que se hace revisión de las garantías normativas e institucionales utilizando la técnica de recolección de datos análisis documental sobre los instrumentos normativos y mecanismos institucionales en las que se inserta el EPJA. Los resultados indican que efectivamente existen brechas tanto a nivel de garantías normativas como a nivel de garantías institucionales, donde los aspectos críticos se observan en las dimensiones o estándares de calidad, actualización y participación (en términos de disposición normativa y de operatividad de las instituciones). Dichas brechas incidirían en las amenazas y debilidades detectadas en la modalidad educativa a nivel nacional y, además, se configuran como obstaculizadores para el avance en el Marco de Acción de Belém adscrito por Chile. Dicha identificación posibilitó hacer recomendaciones de política pública y abrir espacio a la importancia de, incluso como línea de investigación futura, de orientar el análisis hacia las garantías presupuestarias en las que se encuentra inserta el EPJA.