Combatir la pobreza: definiciones, abordajes y análisis de las políticas públicas en Chile. Un estudio histórico 1973-2017

Abstract

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica de 2017, la pobreza en Chile alcanza al 8,5% de la población. Este satisfactorio resultado, es consecuencia de la acción intencionada de distintos gobiernos. Empleando el método histórico, en este estudio se analizan las continuidades y cambios que ha presentado la pobreza en tanto problema social y objeto de intervención del Estado entre 1973 y 2017. En específico, se analizan las principales definiciones del concepto, los instrumentos de medición y las políticas sociales implementadas. Se afirma que la pobreza ha sido estructuralmente definida a partir del enfoque absoluto de ingreso/consumo, asociado a la satisfacción (o no) de necesidades básicas. Este paradigma hegemónico vinculado a las Necesidades Básicas Insatisfechas ha sido complementado desde el año 2015 con la medición multidimensional. Por otra parte, las principales trasformaciones se han verificado en los instrumentos de selección y focalización que transitaron desde el enfoque de NBI predominantes en las Ficha Comité de Asistencia Social (CAS 1 y 2) implementadas entre 1987 y 2006, a la capacidad generadora de ingresos, desarrollada por la Ficha de Protección Social, empleada entre 2006 y 2016, hasta a la actual Calificación Socio Económica, que constituye el enfoque del Registro Social de Hogares. Respecto de la focalización, entre 1973 y 1990, priorizó en la oferta de servicios para luego incorporar demandas de grupos considerados prioritarios de intervenir y lógicas territoriales o de emplazamiento de la población. Las transformaciones tuvieron correlación con los cambios en las estrategias de intervención, que entre 1973 y 1990 enfatizaron en los subsidios. Mientras que en el período 1990-2002 se diseñaron sobre las ideas del crecimiento económico, generación de oportunidades e inversión en capital humano. Finalmente, en el período 2002-2017, se diseñó e implementó el Sistema Integrado de Protección Social, destinado a garantizar derechos sociales e intervenir sobre las causas de la pobreza. Estos cambios fueron acompañados en la década de los 2000, de modificaciones en las unidades de medidas de las intervenciones, que pasaron de enfatizar en el individuo, a centrarse en la familia. No obstante estos avances, se concluye que existe un énfasis en la resolución del problema priorizando estrategias de mercado y se reconoce el desafío de diseñar políticas desde un Enfoque de Derechos Humanos, que garantice la atención a las particularidades de la población, favoreciendo instancias de participación y control de gestión por las comunidades. Estas medidas permitirán que los éxitos alcanzados en el combate a la pobreza sean complementados con políticas públicas que aborden la desigualdad económica y social del país. Tarea pendiente desde el retorno de la democracia.