Pros y contras de la nueva ley de servicios sanitarios rurales, desde un enfoque técnico y práctico aplicado al caso de APRS de la provincia del Limarí

Abstract

Los sistemas de Agua Potable Rural son los encargados de administrar y operar servicios sanitarios destinados a producir y distribuir agua para el consumo en localidades rurales, su proliferación ha avanzado en gran medida debido a la implementación del Programa de Agua Potable Rural impulsado por el Gobierno desde 1964, pero que ha sesgado su aplicación al acceso a agua potable dejando de lado el acceso al saneamiento. Dada la limitación del programa por entregar soluciones integrales, es que se incorporaron otras maneras de abordar este problema con fondos regionales pero que no siempre contaban con la asesoría técnica del MOP, por lo que no se aseguraba el cumplimiento de la normativas de calidad que aplican a estos servicios. A pesar de esto y al ser el único instrumento para integrar un sistema de saneamiento, estos servicios quedaban a cargo de las municipalidades que en la práctica operaban en conjunto con los APR de las localidades. Con el paso del tiempo, influenciado por conflictos entre APR y concesionarias urbanas, sumado a las presiones internacionales que declaraban el acceso humano al agua y al saneamiento como un derecho fundamental, se ingresó el proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales. El cual, junto con normativas como la Reforma al Código de Aguas establecen un avance significativo para cumplir con este derecho. Publicada en el año 2017, entró en vigencia una vez publicado su reglamento el año 2020. Pero las consecuencias que trajo consigo la pandemia producto del Covid-19, donde las cuarentenas, limitaciones de aforo, la implementación de modalidades telemáticas para la coordinación laboral y la fuerte crisis sanitaria sin duda afectaron en gran medida a las comunidades locales. Siendo así que su implementación esta marcada por un velo de incertidumbre por parte de los mismos APR a los que se les será aplicada. Mediante el análisis de la normativa previa y el contraste con la normativa posterior a la publicación de la ley, donde se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales encargada de supervisar y acompañar a todos los servicios de sanitarios rurales, se concluye que si bien no soluciona todos los problemas que tienen estos servicios, entrega la posibilidad de que en base a un diagnóstico real y actualizado se puedan tomar las medidas y programas de inversión que permitan reducir las brechas en cuanto a saneamiento y agua potable a la vez que que se mejoren los mecanismos de planificación para la inversión en construcción y mantenimiento de los sistemas nuevos y los actuales. Lo cual ha de ser abordado de forma participativa y progresiva para lograr las mejoras y eficiencias tan anheladas.