El derecho a la educación en materia de niños, niñas y adolescentes privados de libertad

Abstract

Chile a lo largo de los años ha ratificado distintos tratados internacionales siendo la Convención de los Derechos del niño un hito importante para a los niños, niñas y adolescentes quienes empezaron a ser sujetos de derecho y obligaciones dentro del proceso penal. En el año 2007 entra en vigencia la ley 20.084 y que con su entrada comenzó a regir su Reglamento, ante la necesidad de establecer un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, dicha ley fue de suma relevancia debido a que los niños, niñas y adolescentes privados de libertad hasta antes de la ley no tenían una regulación separada de los adultos. Uno de los enfoques esenciales de dicha ley es la reinserción social de dichos adolescentes al salir de los centros, ante lo cual el rol que tiene la educación resulta de vital importancia para una reinserción social efectiva y la no reincidencia delictiva. La educación al ser un derecho fundamental ha sido recogido en diversos tratados internacionales los cuales han recalcado su importancia , entregando así estándares y principios mínimos que deben cumplir los Estados Partes referidos a dicho derecho. El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar el contenido y alcance del derecho a la educación para niños niñas y adolescentes que encuentran cumpliendo penas privativas de libertad en centros cerrados, para lo cual se sistematizará el derecho a la educación a través de principios y estándares internacionales para posteriormente ver si dichos estándares y principios son cumplidos por el Estado chileno. Además se hará una revisión de informes entregados por la CISC de los centros CIP CRC de Santiago entre los periodos 2018- 2020, y datos entregados por el SENAME para verificar su cumplimiento en la práctica. Se finalizará resolviendo si Chile cumple con los estándares y principios internacionales del derecho a la educación dentro de los centros privativos de libertad de menores, si los programas educacionales en la práctica garantizan este derecho y si la la ley N° 20.084 incluido su reglamento reconoce el derecho a la educación y sus distintas dimensiones