Políticas públicas y grupos de interés: Análisis de los cambios normativos de la Reforma al Código de Aguas entre 2014-2021

Abstract

El Código de Aguas entró en vigencia en el año 1981, convirtiéndose en la base legal más importante de la gestión de los recursos hídricos en el país. Este proceso afectó, entre otros cuerpos jurídicos, a la legislación de las aguas, a partir de modificaciones en las normas e instituciones. Dichos preceptos normativos, propiciaron un libre acceso y transferibilidad de los derechos de aprovechamiento de aguas1. Aquellas transformaciones, generaron un fuerte cambio de paradigma en el ordenamiento jurídico, teniendo como uno de sus efectos principales, la creación del Mercado de Aguas, lugar en el que los derechos se transan sin restricciones de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda del recurso. La prevalencia del uso privado y no colectivo del recurso, no consideró los diversos usos tradicionales y las necesidades de una parte importante de la población. Esto ha provocado impactos ambientales y sociales relevantes, generando en las últimas décadas el surgimiento de diversos conflictos sociales. En ese marco, las movilizaciones en torno al agua, han evidenciado las problemáticas que derivan de un modelo de gobernanza privada, por lo que se instaló en la agenda pública la necesidad de iniciar nuevas discusiones orientadas a realizar cambios en los marcos regulatorios y en considerar la participación de diferentes actores sociales en el proceso. En la presente investigación, se ha realizado un análisis de los principales lineamientos de la reforma, junto con sus implicaciones, alcances y algunos factores que han incidido en la discusión legislativa. El objetivo principal del estudio es analizar si los cambios normativos de la reforma se adaptaron a los intereses de los grupos que participaron en la discusión. La metodología empleada se ha basado en el uso de fuentes secundarias y artículos de diferentes medios de prensa. Los hallazgos del estudio, indican que el proyecto de reforma intentó responder a una serie de solicitudes levantadas por los grupos de interés a partir de las situaciones de conflicto y a los problemas causados por la privatización de las aguas en Chile. Cada uno de los grupos, representa y persigue demandas específicas que intentan hacer prevalecer tanto en la discusión legislativa como en las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Por ende, había grupos que exigían desde cambios sustantivos a la normativa hasta la derogación del Código de Aguas. Otros, consideraban que reformar implicaba grandes amenazas para la productividad, por lo que el gobierno no debía hacerse cargo. En este sentido, a partir de los mecanismos de presión de los grupos, algunos lograron una mayor incidencia o éxito en el proceso de reforma al Código.