Contrato a plazo fijo y el fuero maternal en Chile: análisis jurisprudencial de la facultad del juez en recursos de unificación de jurisprudencia de la Corte Suprema desde los años 2011 a 2021

Abstract

El conflicto al que se enfrentan los jueces cuando se tiene por un lado a un empleador, que según lo determinado en el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, cuenta con una causal de despido objetiva amparada por el ordenamiento jurídico que lo habilita a poner fin a una determinada relación laboral por llegar el plazo estipulado con la voluntad de ambas partes en el contrato y, por otro lado una trabajadora embarazada o madre, quién está protegida por el fuero de tipo maternal del artículo 201 del Código del Trabajo, el cual hace exigible la autorización previa del juez para desaforar a la mujer y proceder al despido, quién puede acceder a la solicitud o no según el artículo 174 del mismo estatuto. Así el empleador deberá solicitar al juzgado de letras del trabajo competente en juicio de desafuero maternal que lo faculte a despedir. Sin embargo, esto queda al completo arbitrio del magistrado que resuelve, pues es la legislación quien le concede dicha prerrogativa y dependiendo del juez que resuelva el caso existen diferentes criterios, soluciones y ponderaciones de los intereses en juego al decidir el asunto controvertido, siendo para algunos necesaria la sola procedencia de causales objetivas como la llegada del plazo convenido en el contrato, que este no haya devenido en indefinido, constatar el embarazo de la trabajadora o que se mantenga sujeta al fuero; mientras que otros jueces hacen exigibles argumentos adicionales a la causal objetiva para acoger el desafuero, considerando que no es una respuesta automática, ya que de otra manera no se entendería el actuar del legislador al establecer esta prerrogativa. Con base en lo ya señalado, resulta importante analizar cómo se ha resuelto este conflicto por el máximo tribunal nacional específicamente en sentencias pronunciadas en Recursos de Unificación de Jurisprudencia, haciendo énfasis en la última década, es decir, entre los años 2011 y 2021, identificando qué criterio se tiene y si este ha sido uniforme, las ponderaciones de los ministros y su contraste con las sentencias de nulidad recurridas