Propuesta regulatoria de una responsabilidad objetiva del Estado con ocasión de la prisión preventiva en un proceso que culmina sin condena

Abstract

En el contexto de un Estado de Derecho en el que se respetan los derechos humanos, se torna indispensable reconocer que, si bien la prisión preventiva es una institución del todo necesaria -y legítima, conforme tratados internacionales de derechos humanos-, aquello no importa la negación de los efectos perniciosos que ella trae consigo a las personas inocentes que son sometidas a dicha medida cautelar. A mayor abundamiento, naturalmente, constituye una facultad propia de cualquier Estado el ejercicio del ius puniendi. Sin embargo, si se comprende a la prisión preventiva como la medida cautelar más gravosa del proceso penal, que no solo restringe en su totalidad la libertad personal -que es, sin duda alguna, un derecho humano esencial-, sino que también tiene consecuencias psicológicas, económicas y sociales, afectando asimismo al entorno familiar, resulta innegable el daño y la entidad de este, al menos respecto de la persona del imputado