Patrimonio a la deriva. Baquedano y los Monumentos Públicos después del Estallido Social

Abstract

Durante el Estallido Social de octubre de 2019 el espacio público entró en una disputa que enfrentó a las autoridades a cargo con los manifestantes. El lugar “se transformó en un lugar de disputa de ideologías”, en donde “se vieron enfrentadas la fuerza de la revuelta, en contra de la fuerza del Estado”, dice el psicólogo y académico de la Universidad de Chile, Roberto Fernández. Este encuentro se vio de forma explícita en el Monumento al General Baquedano y su rotonda homónima. Durante largas jornadas las y los manifestantes expresaron su descontento y sus consignas, utilizando la escultura ecuestre como lienzo para satisfacer ese propósito. No + AFP, ACAB y críticas a las autoridades del momento eran algunos de los mensajes que durante semanas estuvieron plasmados sobre el monumento y en pancartas de manifestantes que ocupaban el espacio. La dinámica de disputa, en donde también tuvo su protagonismo la Intendencia de la Región Metropolitana, duraría hasta el 12 de marzo de 2021 cuando en la madrugada un grupo de desconocidos intentó derribar el monumento cortando las patas del caballo. Después de eso, los días del general en la plaza terminaron, siendo retirado y llevado a Cerrillos para que el escultor Luis Montes Becker pudiera llevar a cabo la tarea de restaurarlo. El ejemplo de Baquedano, su disputa y la cobertura mediática que ha tenido y seguirá teniendo, es una puerta de entrada para preguntarse, ¿pasó algo parecido otro monumento que tenga Santiago? En noviembre de 2019, es respuesta a los efectos del Estallido Social, el gobierno de Sebastián Piñera anunció la iniciativa interministerial “Recuperemos Chile”, de la que nace el catastro georreferenciado para recuperación patrimonial1, elaborado por el Consejo de Monumentos Nacionales, en junio de 2020. Los resultados de este trabajo- realizado solo en capitales regionales- arrojaron que, de los 643 monumentos públicos, 413 presentaron algún tipo de alteración como grafitis o capas de pintura. Los números si bien demuestran que existe un deterioro importante con relación a estos bienes, los datos no pueden ser explicados exclusivamente como una consecuencia del Estallido Social. Es lógico pensar que previo al 18 de octubre varios monumentos públicos del país ya presentaban algún tipo de alteración, la que nunca fue registrada, lo que abre la interrogante de quién se hace cargo de estas esculturas. la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales define como Monumento Público “las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para perpetuar memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos.” Estos quedan bajo tuición del Consejo de Monumentos Nacionales y serán los Municipios los responsables de su mantención. La fiscalización del estado de los monumentos, es decir, quien velará por el buen estado de conservación de estos bienes, queda bajo responsabilidad de “los Intendentes y Gobernadores”, figura que hoy reemplazan las Delegaciones Presidenciales. En la práctica, poco y nada se lleva a cabo el cumplimiento del artículo 20 de la ley, descrito en el párrafo anterior. Los Municipios muchas veces desconocen su labor, la Delegación Presidencial no fiscaliza y la tramitación del Consejo de Monumentos (otra arista) es centralizada y lenta. Es necesario reconocer que dentro de las problemáticas que tienen que enfrentar las comunas, la mantención y el estado de estos elementos muchas veces no representan una urgencia ni para la ciudadanía ni para los ediles, que priorizan por lo general, temas como la seguridad, la salud, la educación o la vivienda, entre otras materias que indicen directamente en la calidad de vida de la población. . Sin embargo, el valor cultural e histórico que tienen los monumentos públicos también es importante y el estado de nuestro patrimonio merece un lugar en la discusión, sobre todo cuando se centra en las necesidades y el diseño del espacio público. No por nada nace la Ley N.º 17.288 antes mencionada. Ingresada vía mensaje presidencial en marzo de 1969, parte de las motivaciones que se leen en el proyecto del expresidente Eduardo Frei Montalva, señalan que “El incentivo de los beneficios del turismo, unido a las manifestaciones de erudita preocupación (...) salvaron muchos monumentos y conjuntos monumentales”3, aludiendo a las estrategias que se usaron en Europa para enfrentar los efectos de la Segunda Guerra Mundial sobre el patrimonio. El mensaje aterriza que en nuestro continente “una parte apreciable de este patrimonio se ha perdido irreparablemente y muchos monumentos se hallan gravemente amenazados. Esta situación es imputable en no pequeña medida al desamparo oficial y a la falta de una conciencia pública capaz de movilizarse oportunamente en defensa de esos comunes intereses culturales de la nación y del continente.” Este trabajo tiene la finalidad de investigar y exponer, cómo el Estado resuelve su obligación de cuidar los monumentos públicos que existen en el país.