Al terminar el siglo XX, el desarrollo científico y
tecnológico obliga a las Ciencias Sociales y a sus cultores, a incorporar
a su acervo metodológico, los avances de los
sistemas computacionales y de la ciencia de la informática. El
Derecho, como ciencia social, no escapa a esta necesidad de
actualización tecnológica, sobre todo si los especialistas de
este, disciplina pretenden un mane.jo satisfactorio del
conocimiento relevante, del que es factible disponer gracias a
al acopio de información realizado en los últimos decenios.
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