La expulsión administrativa en la Ley de Migración y Extranjería: su análisis a la luz del derecho internacional

Abstract

La presente memoria de pregrado aborda el estudio de la expulsión administrativa, considerada la sanción más severa dentro de la normativa migratoria, y regulada bajo la nueva ley 21.325 sobre migración y extranjería. El objetivo central de esta investigación es evaluar en qué medida esta normativa y su aplicación por los tribunales superiores de justicia se alinean con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Para llevar a cabo este análisis, se examinarán las garantías procesales y sustantivas establecidas por los órganos internacionales encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados, centrándose en el debido proceso, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de no devolución, el interés superior del niño, niña y adolescente, y la protección de la unidad familiar. A lo largo de la investigación, se analizarán de manera separada dos figuras clave: la expulsión propiamente tal y la reconducción o devolución inmediata. En relación con la primera, se identifican insuficiencias en la protección de ciertas garantías, especialmente durante el procedimiento administrativo, tales como la asistencia jurídica, consular y de traductores. Además, se destaca la necesidad de asegurar, en la práctica judicial, la protección del interés superior del niño, niña y adolescente. En cuanto a la segunda medida, se observa que los extranjeros quedan en una situación de completa desprotección, al carecer de cualquier garantía procesal, lo que compromete directamente el resguardo de sus derechos sustantivos

This undergraduate thesis examines administrative expulsion, considered the most severe sanction within migration regulations, as governed by the new Law 21.325 on migration and foreigners. The central objective of this research is to assess the extent to which this regulation and its application by higher courts align with international human rights law standards. To conduct this analysis, the procedural and substantive guarantees established by international bodies overseeing treaty compliance will be examined, focusing on due process, the principle of equality and non-discrimination, the principle of nonrefoulement, the best interests of children and adolescents, and the protection of family unity. Throughout the research, two key concepts will be analyzed separately: expulsion and refoulement. Regarding the former, deficiencies are identified in the protection of certain guarantees, particularly during the administrative procedure, such as legal, consular, and translation assistance. Moreover, the need to ensure, in judicial practice, the protection of the best interests of children and adolescents is emphasized. As for the latter measure, it is observed that foreigners are placed in a situation of complete vulnerability, lacking any procedural guarantees, which directly undermines the protection of their substantive rights