Análisis doctrinal y jurisprudencial de las problemáticas en torno a la declaración de unidad económica

Abstract

En la actualidad, los grupos empresariales son una realidad, aceptada y regulada por el derecho, y que tiene su origen en la necesidad de diversificar los negocios y abarcar mayor producción. En particular, en el derecho del trabajo, y en lo concerniente las relaciones ente trabajador y empleador, los grupos empresariales van aparejados de la descentralización productiva, entendida como aquella forma de organización del proceso productivo en la que una empresa no asume directamente la ejecución de una actividad, sino que encomienda una o más partes del proceso a una empresa diferente. Lo anterior tiene como consecuencia desdibujar clásica relación entre empleador y trabajador que, en ocasiones podría llevar a cometer fraude en desmedro de los derechos laborales de los trabajadores. Producto de esto, nuestra legislación laboral ha regulado las diferentes situaciones que pudieren afectar negativamente las relaciones laborales, ya sean individuales o colectivas. En esta misma dirección, se ha regulado la declaración de unidad económica o único empleador en materias laborales, mediante la Ley 20.760 (“Ley Multirut”). Dicha Ley redefine lo que entendemos por empleador, establece una definición bajo la cual diversas razones sociales son consideradas un solo empleador y otorga total competencia a los Tribunales de Justicia para la declaración de unidad económica. Dicha regulación no estuvo exenta de críticas por la doctrina, por lo que la presente memoria intenta realizar un completo análisis de la declaración judicial de unidad económica en relación con la Ley 20.760, y realizar un estudio detallado de las problemáticas en torno a esta, en cuanto a sus requisitos, contenido, consecuencias y efectos