Conservación de datos personales en investigaciones penales no formalizadas en Chile: una tensión entre la eficiencia investigativa y el principio de inocencia

Abstract

La presente memoria analiza el problema jurídico que se produce cuando el Ministerio Público (MP en adelante) privilegia la eficacia investigativa por sobre la protección de los datos personales tratados durante la etapa de investigación desformalizada. Cabe indicar que esta tensión adquiere especial relevancia tras la promulgación de la Ley N° 21.719, que modifica sustancialmente la Ley N° 19.628, cuya entrada en vigor será en diciembre de 2026; e incide en el aumento de filtraciones de información provenientes del órgano persecutor. La transformación tecnológica y la creciente capacidad estatal de recopilar datos acentúan la urgencia de revisar el marco jurídico vigente. La hipótesis central sostiene que existe un vacío normativo significativo respecto del tratamiento de datos personales en la etapa desformalizada y que, para enfrentarlo, es necesaria una modificación a la Ley Orgánica Constitucional del MP, la cual establezca límites claros, estándares mínimos y mecanismos que impidan actuaciones arbitrarias de los fiscales. Así, el Capítulo I examina el régimen actual y futuro de protección y tratamiento de datos personales, al mostrar que subsisten importantes insuficiencias, incluso con la reforma legal. El Capítulo II analiza los derechos fundamentales comprometidos, en particular la vida privada, la autodeterminación informativa y la presunción de inocencia, cuando el tratamiento carece de límites y controles. Seguidamente, el Capítulo III profundiza en el vacío estructural existente en la investigación desformalizada y plantea principios y criterios que debieran orientar una regulación específica. El Capítulo IV contrastará este escenario con modelos europeos, especialmente España y Alemania, con el objeto de mostrar cómo otras jurisdicciones han conciliado la persecución penal eficaz con estándares estrictos de protección de datos. Se concluye que resulta urgente regular el tratamiento de datos por el MP; asimismo, es plenamente posible compatibilizar su función investigativa con el respeto de los derechos fundamentales