Estudio comparado y propuestas de gestión para el análisis de drogas ilícitas en Chile

Abstract

En este trabajo se hace un examen a la gestión de la labor de análisis de identificación de drogas ilícitas que actualmente realiza la red de salud, principalmente a través del Instituto de Salud Pública. La forma en que se realiza el proceso de análisis de drogas ilícitas en Chile presenta varios inconvenientes, entre los que se destacan la demora en los tiempos respuesta, alta centralización y pérdida de decomisos. Lo anterior en un contexto donde existe un aumento sostenido en la cantidad de droga decomisada. En consideración a esta realidad, el objetivo central es proponer medidas para modernizar y hacer más eficiente el sistema de análisis de drogas ilícitas en Chile. Este estudio se ha realizado a través de un análisis comparativo de la experiencia de cuatro países (Colombia, Argentina, Uruguay y los Estados Unidos) que permiten tener una visión de los factores de éxito y requerimientos para llevar adelante esta labor. Los aspectos que aparecen como deficitarios a partir del análisis realizado son: La labor de análisis y destrucción de drogas radicada en el Ministerio de Salud, rol que no es reconocido como propio de sus funciones, la particular disposición de determinación de pureza de drogas, centralización de los análisis en un único laboratorio, bajo número de funcionarios en proporción al volumen de incautación de drogas, ausencia de investigación en el área, insularidad y falta de coordinación entre los diferentes actores involucrados en el proceso (principalmente el ISP, Servicios de Salud y Sistema Judicial). A partir del análisis realizado se sugiere trasladar la función de análisis y destrucción de drogas a las fuerzas de seguridad (PDI y Carabineros) y al Servicio Médico Legal, eliminar la determinación de pureza de las drogas, instaurar un sistema obligatorio de pesquisa de consumo y exposición a sustancias ilícitas en todo el personal y establecer formalmente formas coordinación entre las unidades de análisis, el poder judicial, el SENDA y el Ministerio del Interior. Se espera que con estos cambios se desconcentre territorialmente el análisis y destrucción de sustancias ilícitas, además una mejora la eficiencia de esta labor y el fortalecimiento en la seguridad en la cadena de custodia.