La naturaleza de la acción constitucional de protección y la procedencia de indemnización de perjuicios: revisión de la cuestión a propósito de la jurisprudencia sobre desvinculación de funcionarios públicos

Abstract

Durante los últimos años se ha ido desarrollando una nutrida jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, formada por sentencias recaídas en procedimientos de protección constitucional iniciados por funcionarios públicos desvinculados que, tras declarar ilegales o arbitrarios los actos administrativos impugnados en tales casos y junto con dejar sin efecto tal actuación, han ordenado pagar las remuneraciones que se hubiesen devengado en favor de los actores en caso de no haber sido separados de sus cargos. Aunque tales fallos nunca lo señalen, se sostendrá que esta última medida corresponde a una auténtica condena al pago de una indemnización por lucro cesante; luego, dado que ello parece contrariar lo que tradicionalmente se ha definido como posible de pretender por un recurrente de protección, al ser una materia que requiere para su resolución un procedimiento de lato conocimiento, en la presente investigación se revisará lo definido o discutido, en su caso, por la doctrina y la jurisprudencia nacionales sobre la naturaleza, alcance y límites de la acción constitucional de protección. Con tal fin, se explorará la jurisprudencia más reciente que acoge acciones presentadas por funcionarios desvinculados; luego, se la contrastará con los conceptos que de la protección expresaron sus propios impulsores y, posteriormente, con las ideas desarrolladas a lo largo de los años tanto por la jurisprudencia como por la doctrina constitucional y procesal. Por último, se indagará si acaso la determinación de la obligación a reparar el lucro cesante y la configuración de la figura de la confianza legítima –esta última en tanto fundamento de algunas de las sentencias revisadas- son compatibles con un procedimiento sumarísimo como es el de la protección. De tal ejercicio, se buscará establecer si cabe redefinir lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado tradicionalmente respecto a los caracteres de la acción o si, por el contrario, cabe enjuiciar críticamente la última jurisprudencia de los tribunales superiores por sobrepasar los límites de lo que es posible para los ellos conocer y resolver mediante este específico remedio procesal.