Abstract
La llegada de la COVID-19 a Chile con un primer caso detectado el 3 de marzo de 2020 pareció una extensión de la crisis social y política vivida a partir del estallido del 18 de octubre de 2019. Al igual que ante las masivas protestas, el gobierno declaró un estado de excepción constitucional: de Emergencia en el primer caso, de catástrofe en el segundo, sacando a los militares a la calle y decretando el toque de queda nocturno.