Revisión de la jurisprudencia judicial y administrativa en materia de reclamación por medicamentos años 2005-2018: razonamientos utilizados para decidir

Abstract

El presente trabajo tiene por objeto revisar jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y la Superintendencia de Salud, en materia de financiamiento de prestaciones de salud, particularmente, pero sin ser exclusivo, en relación a la cobertura de medicamentos de uso ambulatorio. Antes de abordar tal revisión, describimos brevemente el contexto normativo del derecho a la salud, tanto a nivel nacional como internacional, estableciendo que en nuestro país el derecho a la protección a la salud tiene reconocimiento constitucional, y que, actualmente, dado su estrecha relación con el derecho a la vida, impone obligaciones de hacer al Estado. Luego, describimos el sistema de financiamiento de la prestación de salud en Chile, dando cuenta a su vez de los principios de seguridad social que le resultan aplicables, sobre todo considerando que el sistema contempla el pago de una cotización obligatoria de los trabajadores -independiente de su uso- a una institución pública: Fonasa, o privada: Isapres, y a su vez, considera generalmente un copago de la prestación misma, la que varía en función del Sistema al que se esté afiliado y el prestador en el que se efectúe la prestación. Teniendo presente el contexto, revisamos la jurisprudencia entre los años 2005 y 2018, y, en función de la razón principal utilizada para decidir, pudimos establecer una división del periodo en dos etapas. A la primera, le llamamos “Legalista y contractualista” y lo situamos entre el año 2005 y 2011 para las Cortes, y entre 2005 y 2014 para la Superintendencia de Salud. A la segunda, “de los derechos fundamentales”, y va entre los años 2012 y 2018 para las Cortes, y 2015 y 2018 para la Superintendencia. Lo anterior, consideramos, es uno de los aportes de esta investigación. Para seleccionar qué sentencias serían estudiadas, elegimos como inicio, el año 2005, ya que desde ese entonces podremos evaluar el comienzo del actual régimen en materia de control de cobertura a prestaciones de salud, el que inició con la entrada en vigencia de las leyes que modificaron la autoridad sanitaria: ley 19.937 de 2004, y la llamada Ley Auge: Ley 19.966 de 2004, que creó un sistema de acceso universal a ciertas prestaciones, bajo ciertas condiciones y garantías. El fin del periodo a revisar, en tanto, se fijó en el año 2018, por disponer hasta esa fecha, de jurisprudencia suficiente para esta investigación. La materia elegida en tanto fue negativa de cobertura a prestación no arancelada, particularmente reclamación por medicamentos. En relación a las etapas antes señaladas, pudimos concluir que las decisiones judiciales se basaron, principalmente, conforme al entendimiento de que el financiamiento de la prestación de salud era un asunto resuelto por reglas, en la primera etapa, mientras que, en la segunda, se trataba de la puesta en peligro de derechos fundamentales, especialmente la vida, y por tanto las reglas por sí mismas eran insuficientes para solucionar las controversias. Junto con lo anterior, y en relación al contenido del derecho a la protección de la salud, este, por sí mismo, y dada la restricción del recurso de protección a su respecto, concluimos que no se erigió, en el periodo estudiado, como un derecho autónomo, por el contrario, sólo en su estrecha relación con otros derechos fundamentales, particularmente el derecho a la vida logró eficacia en las decisiones judiciales. Debemos ser claros en señalar que, a pesar de la profusa doctrina en torno al derecho a la protección de la salud, particularmente a razón de las sentencias del Tribunal Constitucional en los años 2007 a 2011, en la revisión jurisprudencial que hicimos no encontramos elementos que nos permitieran constatar su influencia en los cambios de criterios o en la periodificación que nosotros ofrecemos. Nuestra hipótesis al respecto es que, en la materia elegida, las Cortes decidieron otra línea argumental a la abierta por el Tribunal Constitucional, y en el caso de la Superintendencia de Salud, si bien recoge los planteamientos del Tribunal Constitucional, lo hace casi 5 años después, pero mezclando más elementos, por lo que no es patente su influencia. Finalmente, en el epílogo de este trabajo, reflexionamos sobre el hecho de que sean los jueces los que, ejerciendo su competencia para decidir controversias, terminen, en la práctica, configurando el contenido del derecho fundamental de protección a la salud, y los riesgos que, para la democracia en un estado moderno, pueden significar. Por último, hay que señalar que, en un ejercicio de actualización, se revisó jurisprudencia del año 2019 y 2020, no habiendo en esta variación a la tendencia ni a las conclusiones a las que se arribó en la revisión hasta el año 2018: Los fallos de la Corte Suprema no muestran mayor dispersión.2 y los de la Superintendencia de Salud tampoco