Análisis del proceso político para la aprobación de la norma técnica del procedimiento médico de aborto impune vinculado con el artículo 121 del Código Penal en Costa Rica

Abstract

La presente investigación analiza los elementos que determinaron la apertura de una ventana para la aprobación de la Norma Técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal en Costa Rica. En este marco, el estudio analiza el proceso de configuración del problema público asociado al aborto terapéutico, identificando el proceso decisional por parte de las autoridades gubernamentales y las distintas alternativas de solución brindadas por diversos actores políticos y sociales. Para tales efectos, se utilizó el esquema de análisis desarrollado por John Kingdon (1995) el cual se estructura sobre la base de tres corrientes independientes que al intersectarse, contribuyen a la apertura de una ventana de oportunidad para la elaboración de políticas públicas. En este marco, el modelo busca explicar ¿Qué elementos permitieron la apertura de una ventana para la aprobación de la norma técnica que regula el aborto impune en Costa Rica durante el año 2019? El proceso de recolección de información contempló la aplicación de entrevistas semi estructuradas a diversos actores involucrados en la temática del aborto impune. De este modo, la configuración de la muestra contribuye a identificar la postura de instituciones públicas, Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y Organismos Internacionales. Paralelamente, se realiza un análisis de fuentes secundarias para fortalecer el análisis de las corrientes del esquema de investigación. La importancia de la investigación radica en la comprensión de la forma en cómo se logró avanzar hacia la figura del aborto terapéutico de acuerdo a lo dispuesto por legislación costarricense desde 1970, pues permitió cerrar una brecha de casi 50 años que exponía la salud de las mujeres y atender la demanda de la ciudadanía para proteger los derechos de salud sexual y reproductiva, en torno a un tema que polarizó a la sociedad costarricense y decisores de política en Costa Rica. Entre los principales hallazgos de la investigación se constató que antes del año 2019, la denuncia de ciudadanas costarricenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) influyó en la visibilización del problema público, movilizando la corriente de problemas. Por otra parte, el proceso de negociación entre el Estado, las víctimas y la CIDH, promovió la formulación del documento técnico de la Norma Técnica, propio de la corriente de alternativas. No obstante, el elemento central asociado a la aprobación de la Norma Técnica durante el 2019 fue la disposición política del gobierno de Carlos Alvarado perteneciente al Partido Acción Ciudadana.