“Matrícula y usabilidad en jardines infantiles públicos : evidencia de la efectividad de la política de expansión de cobertura pública 2014-2018”

Abstract

Durante los últimos 15 años, y producto de la evidencia y las recomendaciones de organismos internacionales respecto al mejoramiento de sus sistemas educativos en términos de calidad y equidad, es que los países han aumentado su inversión pública y privada en Educación Inicial, con el objetivo de dar mayor cobertura y mejorar la calidad de sus procesos educativos. El objetivo central es evitar que el contexto personal o social de las personas dificulte lograr el potencial educativo de cada niño o niña (justicia) y todos ellos consigan un nivel adecuado de competencias (inclusión) (OCDE, 2012). Los resultados de PISA 2015 muestran que jóvenes expuestos a programas de calidad en Educación Inicial, por al menos dos años, obtienen mejores resultados académicos que aquellos que no asistieron a este nivel educativo (OCDE, 2017). Dichos resultados son consistentes con múltiples investigaciones que relacionan la educación inicial con el desarrollo neuronal de los niños y niñas a temprana edad y los efectos en su desempeño educacional y laboral posterior (Cunha & Heckman 2009; Knudsen et al., 2006; Shonkoff y Phillips 2000)1 . Estos resultados son consistentes con los hallazgos desde una perspectiva económica, este nivel educativo, dado los beneficios que entrega a la sociedad debe ser considerado en si mismo un bien meritorio, por lo que la intervención del Estado se justifica para corregir las fallas de mercado producidas a causa de la subvaloración privada de la Educación Parvularia, o restricciones financieras para acceder a servicios privados de este nivel, especialmente para la población más vulnerable (DIPRES, 2008).Sin embargo, es importante señalar que los efectos positivos de la Educación Inicial dependen de la calidad de los programas Educativos. La evidencia nos muestra que sólo programas de alta calidad pueden mejorar las habilidades de los niños y niñas con efectos de largo plazo y ser costo-efectivas (Heckman y Kautz, 2013). Para el caso de Chile, nuestro país es uno de los con mayor avance en esta política pública a nivel comparado, entre 2008 y 2018 se ha triplicado la inversión pública en el nivel, dicho incremento en el gasto público2 se ha centrado en el aumento de la cobertura en Jardines Infantiles Públicos para niños entre 0 y 4 años. Estos últimos, pasaron de atender a cerca de 90 mil niños en el 2006, a más de 270 mil niños a lo largo del país en la actualidad, lo que equivale a un incremento en la cobertura pública sobre el 25% de la población entre dichas edades. Sin embargo, en relación a los promedio de la OCDE, el último dato comparativo de 2017 establece que la cobertura nacional es de un 21% versus un 35% de la OCDE para niños entre 0 y 2 años, y de 54% versus 87% para niños de 3 años respectivamente. Es decir, si bien se han aplicado políticas de expansión de la oferta pública de jardines infantiles, los resultados muestran que la cobertura aún están por debajo del promedio de los países desarrollados.