Interrupción voluntaria del embarazo y objeción de conciencia: la responsabilidad penal del médico en el contexto de la aplicación de la ley 21.030

Abstract

Durante el proceso de implementación de la ley 21.030 en Chile, la objeción de conciencia (tanto institucional como individual) ha adquirido relevancia en la discusión, especialmente como elemento obstaculizador del acceso a lo servicios garantizados por la ley, dadas las altas tasas de médicos que objetan una, o más, de las causales contempladas. Lo anterior se vuelve particularmente problemático en regiones donde casi la totalidad de los profesionales de salud encargados de proveer esta prestación se declaran objetores de conciencia, y las condiciones materiales restringen las posibilidades de acceso al servicio en instituciones alternativas. Por otro lado, los mecanismos contemplados para asegurar que la prestación de salud se provea a pesar de la negación de médicos objetores (como lo es la obligación de derivar la paciente a otro profesional no objetor, o incluso el traslado de la paciente a otro centro médico donde sí existan profesionales disponibles para realizar el procedimiento), no resultan efectivos, generando que el procedimiento no se realice a tiempo, en los términos legalmente establecidos o que no sea posible realizarlo por haber excedido los plazos contemplados por la ley. A la luz de las circunstancias previamente mencionadas se han generado situaciones tremendamente perjuiciosas para las personas gestantes que se ven impedidas de acceder al aborto en las hipótesis contempladas en la ley, generando muchas veces daños irreparables, que van desde las lesiones, físicas y psicológicas, hasta la pérdida de la propia vida. Debido a lo anterior, se vuelve necesario explorar la posibilidad de que estemos ante casos que originen responsabilidad penal para el médico que, en situaciones de imposibilidad de derivación como los previamente expuestos, se rehúse de todas maneras a prestar el servicio solicitado, resultando en perjuicios directos para la persona usuaria