Análisis de la sanción de servicio en beneficio a la comunidad, contemplada en la ley N° 20.084: consideraciones jurídicas, doctrinarias y ejecución práctica

Abstract

En el año 1989, el 20 de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención de los Derechos del Niño, cuyo fin es garantizar los derechos humanos de la infancia, siendo el corolario de un esfuerzo internacional cuyos primeros esbozos se remontan a 1924, con la declaración de Ginebra sobre los derechos del Niño. En 1990, el Estado de Chile suscribe, mediante el Decreto 830, la Convención de los Derechos del Niño, adquiriendo una serie de obligaciones tanto administrativas como legales, siendo una de las principales adecuar su legislación interna en materia de responsabilidad penal para infractores menores de edad, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 40 número cuatro. Recién el mes de diciembre del año 2005, el Estado promulga la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, la que entra en vigencia el año 2007, que intenta, al menos de manera formal, cumplir con los compromisos adquiridos en materia de determinación de la participación en infracciones de ley, procedimientos y en particular medidas, sanciones y que estas tengan fines específicos orientados a la reinserción social del niño, niña y/o adolescente infractor. En este orden de idea el artículo 11 de la ley N º 20.084 establece la sanción de Servicio en Beneficio de la Comunidad, con la intención tanto de dar cumplimiento a las directrices contenidas en la convención como incorporar visiones más contemporáneas del derecho punitivo, mediante la inclusión de medidas alternativas a la privación de libertad, considerando la mirada de la justicia restaurativa y del derecho penal mínimo. Sin perjuicio que el servicio comunitario como institución penal con carácter retributivo tiene una aplicación de mayor data que la mirada restaurativa. Luego de diez años de aplicación de la ley, es necesario realizar un análisis crítico contemplando tanto los aspectos jurídicos como prácticos en atención a las características psicosociales de los individuos que son juzgados por esta legislación teniendo en cuenta que quien suscribe ha contribuido en la implementación de esta sanción