Registro consolidado de deuda completo y disponible para los deudores : tensiones y recomendaciones para su implementación

Abstract

Alrededor del mundo se observan crecientes niveles de endeudamiento que han suscitado preocupación por la estabilidad financiera ante una eventual crisis económica (OCDE, 2015; BM, 2020). En Chile también se observa un aumento sostenido de la deuda de los hogares (CMF, 2021): La deuda por consumo corresponde al 21% del PIB y está en la mitad de la distribución de países de la OCDE, siendo superada sólo por naciones más desarrolladas, como EEUU (24%) y otras europeas y asiáticas (entre 25% y 55%). Mientras, la deuda de tarjetas de crédito está en el 6º lugar (7%), siendo el primero de la región y superando a Alemania (4,8%), Francia (4,7%) e Italia (2,8%) (Banco Central, 2021b). El mercado de crédito presenta una creciente diversidad de actores en la última década, ampliando la capacidad competitiva (CMF, 2021). Sin embargo, el marco normativo actual ha propiciado una fragmentación de la información entre oferentes. Así, los agentes bancarios y no bancarios no pueden acceder a información cruzada, generando dos conglomerados fraccionados que impiden la integración del mercado (Banco Central, 2021b). Dichas asimetrías son una situación común en economías emergentes, que lo abordan por medio de diversas estrategias: los burós privados -empresas que concentran y proporcionan información sobre obligaciones crediticias a los oferentes afiliados-, y los registros públicos (IFC, 2006). En Chile, estas estrategias coexisten pero no se integran. El Sistema de Información Comercial corresponde a un buró privado administrado por la Cámara de Comercio de Santiago. Esta elabora el Boletín Comercial -herramienta para la evaluación de riesgo- sobre la base de participación voluntaria de oferentes. Además, no cuenta con información positiva, es decir sobre comportamientos de pago en fecha. Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) administra el registro público, que cuenta con información sobre las obligaciones crediticias que proveen exclusivamente los oferentes regulados. El registro tiene una cobertura estimada del 85,4% de las transacciones crediticias y del 75% de los activos totales (CMF, 2022) . 1 Organismos internacionales destacan la importancia de ampliar la capacidad informativa de un registro de deuda consolidado que integre a todos los oferentes y considere información positiva, ya sea como buró o institucionalidad pública (BM, 2021; OCDE, 2015). Sin embargo, no profundizan respecto de la necesidad de disponer dicha información a los deudores en un formato comprensible, junto con orientaciones claras, pudiendo contribuir así a la educación financiera para evitar endeudamiento crítico. La pregunta guía es: ¿Por qué debe existir un registro consolidado de deuda completo y disponible para los deudores?. Ello, en el entendido de que se requiere una estrategia que compatibilice la entrega de información exhaustiva a las partes, aminorando asimetrías en ambos sentidos y contribuyendo así al equilibrio de los intereses en juego. La respuesta se aborda a partir de una revisión de la evidencia internacional, en la que se identifican efectos positivos en el mejoramiento de las condiciones de mercado y en la proyección del comportamiento de pago. Asimismo, se estudian casos en los que presentar información financiera a deudores genera impactos positivos en la orientación de decisiones de endeudamiento. Con ello, se sustenta la necesidad de contar con un registro consolidado de deuda en las características generales planteadas en el Proyecto de Ley recientemente ingresado, es decir de carácter completo y público, junto con una plataforma para su disposición integrada y clara a deudores.