Análisis de la estrategia de trazabilidad adoptada durante la pandemia por Covid-19 en Chile

Abstract

A fines del año 2019, autoridades de China reportaron el brote de un nuevo tipo de coronavirus, denominado coronavirus SARS-CoV-2, en la localidad de Wuhan. Este virus que causa la enfermedad de COVID-19 se expandió rápidamente por el mundo a tal punto que el 11 de marzo del año 2020 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con casi tres años desde la identificación del virus, los contagios y decesos por COVID-19 siguen creciendo. Según registros de la Universidad de Johns Hopkins, al 28 de agosto del 2022, se han reportado 601.462.351 contagios y 6.488.069 fallecidos por esta enfermedad en el mundo (Our World in Data, Universidad de John Hopkins).1 Chile no ha estado exento de sufrir las consecuencias de esta pandemia. El 3 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 y el 21 de marzo de 2020 se informó de la primera muerte a causa de esta enfermedad. Según datos del Ministerio de Ciencias, al 28 de agosto de 2022, se han reportado 4.499.223 contagios (22 % de la población) y 60.435 muertes (0,3 % de la población) por COVID-19 en Chile. La Figura 1 muestra la evolución de los nuevos contagios por COVID-19 en Chile, donde destacan las dos primeras olas de contagios (hasta que comenzara la vacunación masiva en febrero de 2021) en las cuales se alcanzaron peaks de sobre 6.000 (junio 2020) y 2.500 (enero 2021) casos nuevos diarios y donde también destaca la ola de la variante ómicron (febrero 2022) con peaks de sobre los 20.000 nuevos infectados al día. Mientras que la Figura 2 muestra el número de muertes acumuladas por esta enfermedad, donde se aprecia un crecimiento muy rápido de los fallecidos durante la primera ola (junio-julio de 2021) y luego un crecimiento lineal hasta comienzos del 2022 donde el crecimiento se acelera (debido a la ola por la variante omicron). Esta pandemia ha representado un problema de política publica desde múltiples dimensiones, ya que no solo ha afectado las condiciones de salud de las personas, sino que también ha tenido implicancias significativas desde el punto de vista económico, social y humanitario. Por este motivo, Chile y los países del mundo han diseñado e implementado diversas políticas públicas para minimizar los efectos directos e indirectos que la pandemia ha tenido en la vida de las personas. En el caso de Chile, además de declarar Alerta Sanitaria (en febrero de 2020) y decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Publica (en marzo de 2020), las políticas gubernamentales se han concentrado en la formulación y puesta en marcha de estrategias sanitarias de asistencia y prevención, así como también de estrategias de ayudas económicas a la población.