“Supervisión de Fondos SEP : Propuestas y recomendaciones para su fortalecimiento ”

Abstract

La Ley N° 20.529 publicada en agosto de 2011 establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, creando la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad de la Educación, y encomienda al Estado de Chile la promoción de una educación de calidad, equitativa e integral a todos los habitantes de la nación y en sus distintos niveles (artículo 1 Ley 20.529), en armonía con lo dispuesto en la Ley General de Educación, en cuanto a que nuestro sistema educativo se inspira en los principios de calidad –la educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley- y equidad -el sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial- (artículo 3 Ley 20.370). En este marco normativo, es que la Superintendencia de Educación se ha fijado como misión el contribuir al aseguramiento de la calidad y el ejercicio del derecho a la educación parvularia y escolar, mediante la fiscalización del cumplimiento de la normativa y la rendición de cuentas, entre otros deberes (Bases del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos. Nueva Circular Normativa Superintendencia de Educación, 2016). Así las cosas, en que se reconoce a la educación como un derecho social fundamental para el desarrollo del país, asegurando la calidad y la equidad, para lo cual resulta de vital importancia que el uso de los recursos se ajuste a los fines educacionales para los cuales ha sido creada una determinada subvención. Para este objetivo, uno de los incentivos virtuosos es el modelo de fiscalización vigente, actualmente a cargo de la Superintendencia de Educación, y un proceso de rendición de cuentas eficiente y eficaz por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado.