| Abstract | dc.description.abstract | La protección del medio ambiente es una de las principales demandas de los pueblos indígenas en Chile, en aras de velar por la integridad de sus territorios y recursos naturales. Este reclamo se da en un contexto de una diversidad de conflictos que involucran al Estado, privados y pueblos indígenas, principalmente, a raíz de la ejecución de proyectos de inversión en territorios indígenas.
Es en este marco que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) ha canalizado una parte importante de los conflictos socioambientales que involucran a pueblos indígenas. Las reclamaciones comprenden la omisión de procesos de evaluación de impacto ambiental; la incorrecta vía de evaluación; la deficiente evaluación de los impactos ambientales; la idoneidad de medidas; la falta de mecanismos de participación; la omisión de procesos de consulta indígena; el desarrollo de procesos de consulta indígena con incumplimiento a los estándares internacionales; las barreras de acceso a la justicia ambiental, entre otros. Estas críticas no sólo provienen de los pueblos indígenas involucrados, sino que ha encontrado un amplio respaldo en la literatura especializada.
La pregunta que pretende responder esta tesis es si estas críticas, que revelan una insuficiencia del SEIA para resguardar el medio ambiente de los pueblos indígenas, se derivan de un déficit regulatorio, o bien de la forma en que las autoridades administrativas y jurisdiccionales comprenden ese instrumento de gestión ambiental. En general, sostendré que el diseño regulatorio del SEIA permite cumplir con el deber de protección especial del medio ambiente de los pueblos indígenas, radicando los desafíos para alcanzar esa protección en la forma en que se ha interpretado por parte de los poderes públicos nacionales | es_ES |
