Representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en los términos prescritos por la Ley N° 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, a tres años de su entrada en vigencia

Abstract

El acceso a la justicia es uno de los derechos humanos más relevantes, pues mediante su ejercicio permite la efectivización de otros derechos; en el caso de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) resulta ser el medio a través del cual como individuos capaces titulares de derechos ejercen su derecho a la participación, derecho a ser oídos, derecho al debido proceso, derecho a ser informados, entre otros. En este orden de ideas, se concibe como el primer hito en el marco normativo de infancia en Chile la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990, que genera un cambio de paradigma en el tratamiento a la niñez y adolescencia, dejando atrás la visión de los niños, niños, niñas y adolescentes como objetos de protección, posicionándolos como sujetos de derechos, quienes en virtud de su madurez y grado de desarrollo podrán ejercerlos, debiendo el Estado -en virtud de la fuerza vinculante de la CIDN- generar las condiciones para su pleno ejercicio y goce; ―en lugar que el niño se vea como un mero receptor o beneficiario de la asistencia social, él es concebido como un sujeto de derecho frente al Estado y la sociedad, una persona a la que se le reconoce el derecho a ser protegido integralmente en su desarrollo y frente al cual existen obligaciones muy concretas y específicas‖1. Así, el derecho de acceso a la justicia de los NNA establecido primeramente en la CIDN y hoy también -dentro del marco jurídico nacional- en la Ley N°21.430 Sobre Garantías y Protección Integral a la niñez y adolescencia, exigen al Estado generar políticas públicas que les permitan ser partícipes directos de los procesos judiciales y administrativos en que sus intereses se encuentren relacionados, con mecanismos protectores para el ejercicio de sus derechos, siendo un factor trascendental para su realización la representación jurídica especializada con la cual deben contar todos los NNA que se encuentren en las situaciones descritas por la Ley de Garantías. El objetivo de este trabajo, es analizar la evolución de la representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes en nuestro ordenamiento jurídico, y preguntarnos si tras la implementación de la Ley N°21.430 que establece estándares de garantías y protección integral a la niñez y adolescencia, el Estado como principal garante de derechos, ha ejecutado o generado las condiciones propicias en el sistema de institucionalidad para la efectivización del derecho al debido proceso, tutela judicial y especialización de los NNA