La imposición de penas sustitutivas de libertad en procedimientos penales contra agentes estatales por hechos ocurridos durante el estallido social en Chile. Octubre 2019 Marzo 2020

Abstract

El presente trabajo tiene por objetivo principal identificar y analizar los argumentos esbozados por los tribunales con competencia penal para conceder la aplicación de penas sustitutivas contempladas en la Ley N° 18.216, en el marco de sentencias firmes y ejecutoriadas que condenaron a funcionarios públicos por delitos especiales de maltrato, basados en hechos acaecidos durante el “estallido social” en Chile, entre los meses de octubre de 2019 y marzo de 2020. Por medio del análisis de resoluciones judiciales se observa que existe una concesión automática y escasamente fundamentada de las penas sustitutivas por parte de los tribunales, quienes se limitan a verificar el cumplimiento de los requisitos objetivos de este tipo de penas (quantum de la pena y ausencia de reincidencia) sin entregar un desarrollo argumentativo adecuado respecto de los requisitos subjetivos (antecedentes personales, circunstancias del delito, y falta de necesidad de ejecución efectiva de la pena). Aquello incumple la obligación general de fundamentar las resoluciones judiciales en materia penal, dispuesta en el artículo 36 del Código Procesal Penal, así como la obligación específica de fundamentación en materia de penas sustitutivas, prevista en el artículo 35 de la Ley N° 18.216. Además, esta jurisprudencia no suele incorporar en su argumentación la invocación de fuentes o estándares del Derecho internacional de los derechos humanos, pese a tratarse de casos que están marcados por su contexto de violaciones a derechos humanos debido a la infracción de las reglas sobre el uso de la fuerza. Lo anterior resulta llamativo considerando la existencia de diversas fuentes internacionales, tales como las Reglas de Tokio y el cuerpo normativo aplicable a la obligación internacional de investigar, juzgar y eventualmente sancionar de manera efectiva hechos constitutivos de vulneraciones a derechos humanos para fundamentar una eventual concesión o rechazo de la sustitución