| Abstract | dc.description.abstract | El creciente aumento de la delincuencia en nuestro país ha provocado un aumento de los ciudadanos que han sido víctimas de algún tipo de delito. A esta preocupante realidad, hay que añadir la vulnerabilidad y desprotección a la que están expuestas las víctimas pertenecientes a un estrato social bajo caracterizado por la pobreza y la marginación, el cual es un segmento desaventajado tanto social como espacialmente, ya que ha quedado fuera de la cobertura y del alcance de los servicios judiciales existentes, esto como producto del desequilibrio espacial que es parte de la centralización que caracteriza a nuestra ciudad. En este contexto, mi interés radica en que la misión clave de una de estas reformas, la Reforma Procesal Penal, debería reformular una serie de derechos específicos que están en directa relación con las víctimas, reestableciéndolas como el eje central de los procesos judiciales. Esto contrastaría con las antiguas políticas penales, las cuales tenían como parte central de los procesos judiciales solo al victimario. Actualmente, bajo las políticas de la nueva reforma, el Estado pretende hacerse cargo de gran parte de las acciones de reparación y protección de las víctimas, fundamentalmente de las pertenecientes a los sectores más pobres, carentes de representación, fortaleciendo así el acceso a la justicia a estos sectores más vulnerables. Para ello, se creó la “Corporación de Asistencia Judicial” del Ministerio de Justicia, cuyo más relevante objetivo es desplegar y optimizar los servicios jurídico-sociales a través de la creación y coordinación de un conjunto de nuevos centros especializados destinados a la orientación, supervisión y protección judicial y, principalmente, a la reparación de los perjuicios suscitados en contra de los ciudadanos, víctimas de algún tipo de delito. El propósito principal de éste proyecto es superar las problemáticas actuales que poseen los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (C.A.I.V.D.V.) presentes en la ciudad de Santiago, entre ellas, generar las condiciones apropiadas que debe tener un espacio para el tipo de rehabilitación que allí se otorga, además de establecer las consideraciones urbanas pertinentes para su ubicación y la mejora de la cobertura y el alcance de los nuevos servicios de asistencia jurídico-social, los cuales derivan del proceso de Reforma Judicial. | |
