El Ministerio Público y su Relación con las Víctimas

Abstract

La reforma procesal penal que se está implementado en Chile desde el año 2000, ha generado variadas discusiones en el ámbito de las políticas públicas y la modernización del Estado de Chile, constituyéndose en uno de los hitos más importantes para la consolidación de su Democracia. Una de las áreas que ha suscitado más interés y preocupación, se relaciona con la calidad de la atención que se brinda a las víctimas en el proceso penal. Actualmente, en esta sede sus derechos son expresamente reconocidos, abriéndose un debate importante relacionado con los efectos nocivos que pueda tener la intervención del sistema judicial en ellas. Es el Ministerio Público quien tiene la obligación de dar atención y protección a las víctimas y para ello cuanta en cada región del país con Unidades de Atención a las Víctimas y Testigos. El presente estudio intenta describir, analizar y valorar la relación que existe entre el Ministerio Público y las víctimas, a través de la labor que realizan estas unidades. Metodológicamente se utiliza la “Teoría del agente-principal”, como marco de comprensión desde la perspectiva de las políticas públicas y, además, se realizan encuestas para la contrastación de la información. El material de análisis se constituye por los principios reguladores de estas unidades, sus procesos de trabajo y las principales acciones que despliegan en la atención de víctimas durante el proceso penal. Desde esta teoría se identificaron problemas en tres niveles de análisis, a saber: en las unidades como agente, en sus acciones y procesos de trabajo; en el fiscal como principal, en la derivación y posterior participación de las víctimas, en las labores investigativas que involucran víctimas y en su protección; y, por último, en las víctimas como principal, analizando esencialmente el problema de la victimización secundaria. Se pudo observar que las acciones que implementa cada una de estas unidades, para dar respuesta a los fiscales y, a su vez, a las necesidades particulares de las víctimas, puede producir una tensión importante, que muchas veces genera problemas en la forma de valorar y priorizar las necesidades especiales de cada principal, lo cual condiciona que se desplieguen formas de intervención poco definidas o lejanas a sus expectativas. Tenemos un agente que debe interactuar con dos principales y con un conflicto de intereses entre la función investigativa y la labor de atención a víctimas que tiene el Ministerio Público. Este conflicto es especialmente sensible para el caso de las víctimas y puede ser un motivo importante para la generación de victimización secundaria. Esta unidad se transforma en una agencia que debe aprender a convivir con este problema entre principales, y podríamos decir que uno de sus objetivos centrales es mediar en este conflicto. La resolución de él va a permitir incidir directamente en la problemática de la victimización secundaria y validarse como la institución pública que por excelencia realiza esta labor de agencia.